En un giro inesperado en la política local, dos miembros del Partido Socialista han decidido separarse del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Güímar, el cual está constituido por un acuerdo entre Coalición Canaria, el PSOE y Unidas Se Puede.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 de julio.

Este lunes, un grupo de doce concejales del Ayuntamiento de Güímar ha formalizado una moción de censura contra el alcalde Gustavo Pérez, perteneciente a Coalición Canaria. Esta moción se presenta en un contexto de descontento y crisis administrativa, impulsada por un pacto que incluye a los socialistas y a Unidas Se Puede.

La propuesta es liderada por Carmen Luisa Castro Dorta, una concejala del Partido Popular que ya ocupó el cargo de alcaldesa en los mandatos de 2013 a 2015 y de 2015 a 2019. A través de un comunicado, el PP ha oficializado la candidatura de Castro como nueva alcaldesa.

La moción cuenta con el respaldo de nueve concejales del PP, además de Carlos Pablo Llarena González de Nueva Canarias, y dos ediles del PSOE que han decidido romper con el actual pacto: José Miguel Hernández Fernández y Patricia Encinoso Pestano.

Entre las razones esgrimidas por los firmantes de la moción, destacan el deterioro notable de los servicios públicos, que incluye una crítica situación en la Policía Local, así como un bloqueo institucional derivado de conflictos internos. Se mencionan también problemas de endeudamiento del Ayuntamiento y la falta de una planificación adecuada en las áreas de inversiones e infraestructuras.

Los concejales han señalado que la inacción del alcalde al no detener las polémicas obras en Las Bajas ha llevado a la administración municipal a asumir una deuda de más de medio millón de euros. En este contexto, el concejal de Urbanismo, Airam Puerta, admitió en un juicio que era consciente de los sobrecostes, lo que refleja una grave irresponsabilidad en la gestión pública.

Además, han advertido sobre la investigación en curso relacionada con un proyecto de saneamiento en Fátima, en la cual se examinan posibles irregularidades graves relacionadas con documentos municipales y pagos no justificados.

Las quejas continúan, con la denuncia de que varias obras en la costa, como las de Golete, La Puente y Las Bajas, se encuentran en un estado inconcluso o han generado sobrecostes significativos.

Los ediles también han expresado su preocupación por un aumento en la sensación de inseguridad entre los ciudadanos, atribuyéndolo a la mala gestión de la Policía Local, lo cual ha afectado a eventos comunitarios, como las Fiestas Patronales y la Bajada del Socorro, ante las quejas vecinales crecientes.

Responsabilizan tanto al alcalde como al primer teniente de alcalde del retraso en la creación de una Empresa Municipal de Servicios, lo que ha implicado un desperdicio de tiempo y recursos públicos ya destinados a este fin.

También se han denunciado falta de transparencia en la adjudicación de contratos y el incumplimiento de las condiciones acordadas por las compañías ganadoras, así como retrasos en los pagos a proveedores, aspectos que atribuyen a la gestión de Gustavo Pérez.

EL RESPALDO DE DOS EDILES DEL PSOE

En una entrevista con Europa Press, Patricia Encinoso Pestano, una de las concejales socialistas que han decidido apoyar la moción del PP, resaltó su compromiso de trabajar por el bienestar de Güímar. Sin embargo, lamentó que su decisión se haya tomado tras constatar que los proyectos en los que estaban involucrados estaban completamente paralizados.

Encinoso también habló sobre el impacto que el actual gobierno ha tenido en las Comisiones de Fiestas, destacando que se han visto perjudicadas debido a la ineficiencia del equipo gobernante. De este modo, dejó claro que su prioridad es garantizar que todos los vecinos cuenten con igualdad de condiciones, independientemente de quién dirija cada área.

La concejala reafirmó su identidad socialista y aclaró que no abandona el Partido Socialista, indicando que si la moción prospera, aún habrá dos concejales representando a la formación en el Ayuntamiento.

De acuerdo con la normativa vigente, una vez presentada la moción, el pleno para su discusión y votación se convocará automáticamente en un plazo de diez días hábiles.