El Parlamento de Canarias ha remitido un total de 24 propuestas a la Unión Europea a través del Comité Europeo de las Regiones para abordar la crisis migratoria en el archipiélago. Astrid Pérez, presidenta de la Cámara, destaca la importancia de estas conclusiones, que incluyen la exigencia de un mando único en el Estado español en materia de inmigración, un reparto equitativo de las cargas generadas por la inmigración y más recursos humanos y medios técnicos para el control de fronteras en Canarias.

Estas propuestas surgieron de las "Jornadas Conecta Canarias-Europa", en las que participaron diputados de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox. La lista de propuestas también incluye solicitar que se tengan en cuenta las realidades regionales en la reforma de la política de migración y asilo de la UE, aumentar la cooperación internacional hacia los países emisores de inmigración irregular hacia Canarias, exigir más financiación para crear una red de acogida adecuada y poner en marcha procedimientos de derivación para evitar la masificación.

El Parlamento de Canarias también insta a desarrollar el concepto de solidaridad obligatoria y responsabilidad compartida en materia de inmigración irregular, así como a permitir que las regiones más afectadas por los fenómenos migratorios participen en la definición y desarrollo de las políticas comunitarias de migración. Además, se solicita una mayor lucha contra el tráfico de personas y una distribución adecuada de los menores tutelados.

Entre las propuestas también se encuentra un aumento de los medios humanos y materiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Salvamento Marítimo y Frontex. Se pide la activación de una política de traslados rápida y transparente desde Canarias hacia España y Europa, así como un sistema conjunto de reacción rápida y solidaria en situaciones de crisis migratorias en Europa.

El Parlamento de Canarias solicita que Canarias funcione como una plataforma humanitaria en lugar de un centro de retención y que se aborden las modificaciones legales necesarias para tratar la acogida de menores como una cuestión estatal. También se pide la aprobación urgente de un nuevo Pacto de Migraciones y Asilo de la UE y que el Estado español cofinancie la acogida de menores migrantes junto con las regiones hasta que sea asumida como una competencia estatal.

Asimismo, se propone la creación de puntos de información en tránsito y en origen para combatir la desinformación de las personas migrantes, y se aboga por garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de los migrantes, aumentar la inversión en integración y formación en los países de destino y tránsito, establecer una estructura para la derivación de menores acogidos en Canarias a otras comunidades, facilitar la reunificación familiar de los menores y revisar la normativa en materia de extranjería para simplificar y acelerar los trámites para obtener permisos de residencia y trabajo.