En una decisión reciente, el Parlamento de Canarias ha dado luz verde al informe del proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, tras una votación mayoritaria que tuvo lugar este jueves. Este informe cuenta con el apoyo de varios grupos políticos, entre ellos Coalición Canaria, el Partido Popular, la Asamblea Herreña Independiente y la Agrupación Socialista Gomera, mientras que el Partido Socialista, Nueva Canarias-Bloque Canarista y Vox manifestaron su rechazo.

Con un resultado de nueve votos a favor y seis en contra, el informe avanza hacia el pleno del Parlamento canario, donde se espera que se discuta y se apruebe de forma definitiva. La comisión parlamentaria de Empleo y Turismo subrayó la importancia de esta ley que, según sus partidarios, tiene como objetivo proteger los intereses generales frente a la especulación y el abuso en el sector turístico, adaptándose a la diversidad del archipiélago canario.

No obstante, la oposición ha expresado su descontento respecto a la falta de consenso y diálogo en el proceso de creación de esta ley. Ana González, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, criticó el enfoque del Gobierno, afirmando que se ha impuesto un modelo que ignora las necesidades de los pequeños propietarios y favorece a intereses corporativos. Aseguró que esta normativa convierte a los propietarios en víctimas y deja a muchas familias en una situación jurídica incierta.

Por su parte, Santana del PSOE también lamentó que sus enmiendas no fueron consideradas y destacó la necesidad de una ley que beneficie a los pequeños propietarios en lugar de favorecer a grandes corporaciones turísticas. Subrayó que su propuesta de limitar el número de viviendas a administrar como alquiler turístico podría equilibrar el sector y ayudar a una distribución más justa de los ingresos generados por el turismo.

Asimismo, Raúl Acosta de la AHI defendió la labor de negociación realizada con el fin de minimizar efectos negativos en la economía de sus comunidades. Indicó que el debate ha permitido tomar en cuenta las particularidades de cada isla y otorgar a los municipios la autoridad para decidir el modelo turístico que desean seguir, enfatizando la importancia del pequeño turismo familiar en islas menos desarrolladas.

En este contexto, Ramos, de ASG, le dio reconocimiento al trabajo del Gobierno, enfatizando la dualidad existente entre el turismo de masas y el sostenible en las distintas islas, y defendiendo que las decisiones recaigan en los gobiernos locales para fomentar un sistema turístico más equitativo. Mencionó que en islas como La Gomera, la vivienda vacacional no presenta los problemas que se observan en otras islas más urbanizadas.

Desde Vox, Paula Jover criticó la falta de claridad en la redacción de la ley y su carácter cambiante, lo que ha llevado a su formación a solicitar la retirada del proyecto hasta contar con un texto más definido. También manifestaron preocupación por el periodo de seis meses otorgado para implementar los nuevos criterios, al considerar que no se deberían apresurar las decisiones sin tener claridad sobre su aplicación.

Finalmente, Morales del PP celebró el avance del proyecto como un paso necesario, destacando la importancia de regular el uso de alojamientos turísticos, que podría contribuir a resolver la crisis de vivienda en el archipiélago. Afirmó que era cuestión de tiempo legislar sobre esta temática, que había quedado desatendida por años, y resaltó que la nueva normativa podría proporcionar un equilibrio entre el desarrollo turístico y la necesidad de asegurar un acceso a la vivienda digna para los canarios.