La reciente legislación, conocida como la ley de volcanes, marca un hito en la protección de los derechos sociales y económicos de las comunidades canarias. Este documento no solo introduce un efecto retroactivo, sino que también asegura que las futuras víctimas de desastres naturales recibirán compensaciones adecuadas por sus pérdidas y tendrán derecho a acceder a viviendas dignas.

En un hecho histórico, la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias alcanzó un acuerdo unánime respecto al dictamen de esta ley, respaldada por más de 19,000 firmas recolectadas por una iniciativa ciudadana que luchó por su inclusión en la agenda legislativa. La aprobación definitiva está programada para el próximo miércoles durante el Pleno del Parlamento.

El diputado Jesús Ramos, representante de Agrupación Socialista Gomera (ASG), enfatizó el carácter innovador de esta normativa y su origen en el clamor popular. Ramos afirmó que la ley facilitará un procedimiento más ágil en el caso de futuras erupciones volcánicas, evitando los impedimentos que se vivieron durante la crisis de La Palma.

Además, el legislador subrayó la importancia de reconocer los derechos de los afectados, incluyendo la posibilidad de reconstrucción y reubicación, así como la recuperación de sectores económicos y un enfoque en la protección social y sanitaria. Destacó que la ley fortalecerá la seguridad jurídica y mejorará la cohesión social en la región.

Por su parte, Javier Nieto, de Vox, reconoció la relevancia de la ley para corregir fallos pasados, señalando que aún hay palmeros que padecen las secuelas de la tragedia acontecida hace cuatro años. Exigió una mayor implicación de los ayuntamientos en la gestión, criticando su aparente ausencia en este proceso y expresando su preocupación por la falta de un respaldo financiero que dé viabilidad a la nueva legislación.

Luis Campos, portavoz de Nueva Canarias, insistió en que era imperativo anticipar futuras erupciones, y la ley refleja una visión integral que abarca muchas áreas. Subrayó la obligación del Consorcio de Seguros y otras entidades de informar a los propietarios sobre los riesgos inherentes a vivir en zonas volcánicas.

Raquel Díaz, del Partido Popular, elogió la colaboración de todos los grupos en la creación de la ley, resaltando que su implementación mejorará la gestión de emergencias, fundamentándose en lecciones aprendidas de la erupción que afectó a La Palma en 2021. Recordó que, a pesar de los desafíos, la respuesta a la crisis fue un ejemplo de solidaridad y gestión eficiente.

Jonathan Felipe, de Coalición Canaria, calificó la ley de volcanes como un modelo de "política útil", destacando el papel de la iniciativa popular y la empatía que mostraron los afectados al pensar en sus compatriotas de otras islas. Subrayó la necesidad de avanzar en la compensación de quienes aún requieren ayuda y la difícil tarea de reforma administrativa que ello conlleva.

Finalmente, Alicia Vanostende, del PSOE, instó a convertir el dolor de recordar la erupción del 'Tajogaite' en motivación para construir un futuro mejor. Resaltó la cooperativa labor de todos los partidos en la redacción de la ley, que no solo se centra en La Palma, sino que reconoce la realidad de vivir en un territorio volcánico, aprendiendo de las vivencias y errores del pasado.