En una sesión reciente en el Parlamento de Canarias, se firmó el respaldo a un decreto que busca acelerar el proceso de concesión de licencias urbanísticas para la construcción de viviendas. A pesar de la afirmación de algunos grupos, como el PSOE y NC-BC, de que esta medida carece de soluciones a largo plazo, todos los partidos presentes acordaron tramitarla como un proyecto de ley con carácter urgente.

Manuel Miranda, consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, destacó que la iniciativa pretende reducir el tiempo que se tarda en otorgar las licencias para edificación, un proceso que actualmente enfrenta retrasos significativos debido a la falta de recursos en las oficinas técnicas de los ayuntamientos.

Entre los aspectos más destacados de este nuevo decreto, se contempla la inclusión de colaboraciones entre el sector público y el privado. Estas alianzas permitirían que los ayuntamientos que lo deseen avancen más rápidamente en la tramitación de licencias al incorporar asesorías técnicas de profesionales acreditados y entidades urbanísticas.

Miranda subrayó que el objetivo de esta medida es no solo agilizar los trámites, sino también liberar cargas en las oficinas técnicas para que puedan enfocarse en otras prioridades dentro de la agenda municipal. Además, abundó en que la propuesta asegura que el proceso mantenga su seguridad jurídica sin implicar la privatización de las funciones públicas.

El portavoz de AHI, Raúl Acosta, reconoció la crítica situación de escasez de vivienda en el archipiélago, señalando la necesidad de abordar el problema desde diferentes ángulos. En su opinión, muchos ciudadanos se ven atrapados por la falta de terrenos disponibles y la complejidad de los trámites, lo que, a su vez, agrava la crisis habitacional.

Desde ASG, Melodie Mendoza enfatizó la urgencia de actuar para revertir una situación que podría considerarse una de las más graves en cuanto al acceso a la vivienda. Afirmó que el Gobierno debe actuar y no puede permitirse la parálisis ante este desafío.

Paula Jover, de Vox, mostró respaldo al decreto, pero hizo un llamado a implementar medidas más efectivas y rápidas, ya que la detención de la construcción está afectando especialmente a los jóvenes, quienes enfrentan demoras inaceptables en la obtención de licencias.

Por su parte, Carmen Hernández, de NC-BC, criticó al Gobierno, indicando que su enfoque parece estar más alineado con intereses comerciales que con las necesidades de la población. Comparó la situación actual con un juego de Monopoly, sugiriendo que el Ejecutivo está más interesado en transacciones de suelo que en el bienestar de los ciudadanos.

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha manifestado su preocupación por el decreto, considerándolo un ataque a la función de los empleados públicos, quienes deberían operar bajo principios de objetividad y servicio al interés general.

Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, reconoció que la crisis de vivienda es un problema crónico en Canarias, atribuyendo parte de la culpa a todos los partidos. Sin embargo, aclaró que la aplicación del decreto es opcional, destacando que existen ayuntamientos que ya están funcionando con plazos mucho más eficientes.

Socorro Beato, de CC, defendió que este nuevo decreto complementa otras medidas urgentes en materia de vivienda, abordando no solo la aceleración de licencias, sino también la regulación de la vivienda asequible para las clases medias.

Finalmente, Patricia Hernández, del PSOE, expresó su disconformidad con la narrativa que culpabiliza a los trabajadores del sector público por los retrasos en la expedición de licencias. Considera que este decreto es solo un “parche” que no aborda la necesidad de una política integral de vivienda, la cual resultaría en una inversión real y un enfoque en regular el mercado de forma efectiva.