Desde Santa Cruz de Tenerife, el Pleno del Parlamento de Canarias ha dado luz verde este miércoles a la ley de reconstrucción de La Palma tras la devastadora erupción volcánica, cuyos cimientos se gestaron a partir de un decreto ley validado por la Cámara el pasado enero.
Esta nueva normativa incorpora la creación del Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma, un órgano colegiado de diálogo, información y consulta en el que participarán las entidades representativas de las personas afectadas por la erupción volcánica.
Para los damnificados cuyas viviendas se encuentren en zonas con coladas de lava de menos de 10 metros de altura (zona verde), podrán proceder a la reconstrucción con la correspondiente licencia urbanística. En cambio, en las zonas con más de 10 metros de grosor (zona amarilla), será necesario contar con un informe favorable del Cabildo de La Palma que garantice que la lava se ha solidificado.
Por otro lado, en las zonas rojas, más cercanas a los focos de emisión de lava, la posibilidad de edificación quedará supeditada a la delimitación de los espacios naturales protegidos.
De manera paralela, se autoriza a los afectados a reconstruir sus viviendas habituales, segundas residencias y viviendas vacacionales en otros terrenos de la isla, incluyendo suelos rústicos.
Alicia Vanoostende, del PSOE, ha expresado su descontento con el texto final de la ley, calificándolo como una oportunidad perdida para una planificación más moderna y ordenada. Ha lamentado la falta de visión y el enfoque individualista que percibe en las decisiones tomadas por el Gobierno y el Parlamento, con el apoyo de CC y el silencio cómplice del PP.
Luis Campos, vocero de NC-BC, también ha criticado la ley como una oportunidad desaprovechada para reimaginar el futuro de La Palma, afeando a los grupos gubernamentales por no respaldar el consorcio de reconstrucción y oponerse a la edificación de segundas residencias y viviendas vacacionales en suelos agrícolas y rústicos.
En un enfoque distinto, Paula Jover, de Vox, ha abogado por agilizar los procedimientos de contratación para reducir plazos y evitar agravios comparativos, así como la especulación urbanística.
Por su parte, Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto, ha admitido la complejidad del proceso pero ha destacado la importancia de contar con reglas claras y seguras para iniciar la reconstrucción de la isla.
Jesús Ramos, de ASG, ha elogiado el enfoque constructivo del proyecto de ley, resaltando su papel fundamental en sentar las bases de la recuperación económica y social de La Palma junto con decretos sectoriales adicionales.
Por otro lado, Jacob Qadri (PP) reconoce que la recuperación no avanza al ritmo deseado y no satisface a todos los afectados, aunque confía en que sea el primer paso para devolver la esperanza y la ilusión, enfatizando la necesidad de flexibilidad en la ley.
En contraposición, Diana Lorenzo, del Grupo Nacionalista, ha valorado positivamente la aprobación de la ley en contraste con las promesas incumplidas del 'Pacto de las Flores', y ha anunciado la inclusión del futuro Consorcio en la próxima ley de volcanes, además de criticar la alarma injustificada y la demagogia barata por parte de los socialistas hacia los afectados.
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