La Comisión de la Audiencia de Cuentas del Parlamento de Canarias se prepara para llevar a cabo un importante debate sobre los contratos suscritos durante la pandemia, centrándose en casos notables como los de RR7 y Soluciones de Gestión. La sesión se iniciará este lunes, 8 de diciembre, a las 10.00 horas, y destaca por la ausencia del empresario Víctor de Aldama, implicado en el conocido 'caso Koldo'.

A pesar de que De Aldama estaba programado para comparecer ante la Cámara regional, su citación no se llevó a cabo adecuadamente, ya que se encuentra actualmente en prisión y la notificación fue enviada a su domicilio. Sin embargo, se ha confirmado que la comisión planea organizar una nueva fecha para su intervención, dado que ha manifestado su disposición a colaborar, según lo indicado por un portavoz en días recientes.

En medio de este desarrollo, se espera la participación de Natalia de Luis, quien se desempeñó como interventora general de la comunidad autónoma. Su testimonio será crucial, ya que responderá a las preguntas de los distintos grupos parlamentarios acerca de los mecanismos de control implementados en la contratación pública durante la crisis sanitaria.

Dentro del marco de la Comisión de la Audiencia de Cuentas, se discutirá también el informe de fiscalización sobre los contratos celebrados a causa de la pandemia, un documento que anteriormente había sido rechazado en la pasada Legislatura, pero que ha sido aprobado recientemente por el Pleno, aunque contó con el voto en contra de dos consejeros del PSOE. Estos consejeros argumentaron que las circunstancias extraordinarias de la pandemia generaron dificultades significativas para la adquisición de material sanitario.

Los datos del informe revelan que se han certificado contratos de material sanitario por un total de 81,9 millones de euros, y llama la atención que más del 61% de dicho monto se ha concentrado en solo cuatro empresas: ACJ, Damco, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas e Injoo Technology, cuyas cifras ascienden a 17,9 millones, 14 millones, 9,7 millones y 8,9 millones de euros, respectivamente.

Además, la lista de contratos incluye a RR7 United, la firma que protagoniza el controvertido 'caso mascarillas', debido a un pago de cuatro millones de euros por un millón de mascarillas que resultaron ser fraudulentas y terminaron destruidas.

El informe de la Audiencia también destaca irregularidades preocupantes; por ejemplo, en once de los expedientes revisados, donde el presupuesto de adjudicación superó los dos millones de euros (con un total acumulado de 41,8 millones), se ha evidenciado que no se solicitó la autorización correspondiente al Consejo de Gobierno. Igualmente, en 35 de 106 contratos analizados, se observó la falta de justificación tanto del gasto como del procedimiento de emergencia exigido.

La Audiencia critica la falta de promoción de la concurrencia en los contratos y señala que varias de las empresas contratadas carecían de la capacidad necesaria para operar con el Servicio Canario de Salud (SCS). A su vez, se informa que se bloquearon 6,5 millones de unidades de material inservible, con un valor de aproximadamente 2,1 millones de euros.

Asimismo, el organismo fiscalizador expresa su descontento con el Gobierno canario por no haber verificado adecuadamente la capacidad de los adjudicatarios ni exigirles la solvencia económica, financiera y técnica necesaria para cumplir con las adjudicaciones, recordando que, a pesar de tratarse de contratos de emergencia, la legislación vigente impone esas obligaciones.

Ante la posibilidad de que se repitan situaciones excepcionales similares en el futuro, la Audiencia de Cuentas hace un llamado al Gobierno de Canarias para que implemente mecanismos alternativos y ágiles que permitan agilizar el proceso de autorización por parte de los órganos de contratación en los contratos relacionados con obras, suministros o servicios que superen los dos millones de euros.