El Parlamento aprueba por unanimidad la ley para la protección de los volcanes en Canarias.

La reconstrucción de La Palma tras la erupción del volcán Tajogaite ha sido marcada por la lentitud y deshumanización, según denuncian los promotores.

El Pleno del Parlamento de Canarias ha dado luz verde, con el apoyo unánime de siete grupos políticos, a la tramitación parlamentaria de una ley de volcanes impulsada por una iniciativa popular respaldada por más de 19.000 firmas.

El portavoz de la comisión promotora, Juan González, ha destacado que esta ley busca otorgar derechos a los afectados por erupciones volcánicas en las islas y ha advertido sobre la necesidad de estar preparados para futuras eventualidades antes de que termine este siglo.

González ha criticado a los partidos políticos por no haber tomado en cuenta un plan de acción presentado por los promotores y ha señalado la falta de empatía en el proceso burocrático seguido hasta ahora, donde las decisiones se tomaban de manera descoordinada entre las diferentes administraciones.

Además, ha lamentado la escasez de ayudas económicas, la falta de unidad política y la priorización de la construcción de carreteras sobre la de viviendas, con expropiaciones sin compensaciones adecuadas.

Si bien los promotores respaldan los recientes decretos aprobados en el Parlamento que garantizan la construcción de viviendas y las compensaciones económicas, consideran que su ley es también de vital importancia.

En este sentido, han señalado la urgencia de acelerar el proceso de reconstrucción, implementar un plan de salud mental y poner las necesidades de la isla por encima de los intereses electorales.

Distintos grupos parlamentarios han expresado la necesidad de afinar la ley para evitar duplicidades, adaptarla con el tiempo y aprender de la experiencia para no improvisar medidas ante futuras erupciones volcánicas que tendrán un impacto similar en la población.

La iniciativa de ley de los promotores ha sido elogiada por buscar soluciones a una crisis vulcanológica y por reflejar la falta de capacidad de las administraciones para abordar este tipo de desafíos, con el objetivo de garantizar un futuro resiliente para La Palma.

En este contexto, se ha destacado la importancia de apoyar a los afectados y aprender de los aciertos y errores del proceso de reconstrucción, en un esfuerzo por no dejar a nadie atrás y mirar hacia el futuro.

Finalmente, se ha señalado la contradicción de los grupos políticos que respaldan al Gobierno en el Parlamento, al apoyar la ley de volcanes, pero despreciar más de 23.000 firmas de una Iniciativa Legislativa Popular sobre afectados por la ley turística.