Las Palmas de Gran Canaria, 24 de noviembre. En una rueda de prensa llevada a cabo este lunes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, expresó su satisfacción tras la publicación del informe de la UCO sobre la adquisición de mascarillas en las Canarias. Hizo hincapié en que ha enfrentado durante año y medio lo que considera una insidiosa campaña de acoso personal y político, que ha tenido repercusiones en su entorno familiar.

Su declaración surge en un contexto de creciente atención mediática, coincidiendo con la citación del exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, y del comisionista Víctor de Aldama por parte del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Ambos están implicados en la investigación sobre las controvertidas compras de mascarillas durante la crisis sanitaria.

Torres subrayó que ha llevado a cabo acciones legales contra Aldama en repetidas ocasiones y destacó su esfuerzo por desmentir acusaciones infundadas que se han vertido contra su persona. Su comparecencia se produjo a raíz del informe de la UCO, dejando claro que está dispuesto a confrontar las alegaciones en su contra.

En su intervención, se mostró optimista ante el hecho de que ahora tanto los canarios como los españoles en general son conscientes de que en su caso no hay evidencia de corrupción ni irregularidades. “No ha habido prostitución, ni sobornos, ni comisiones”, insistió, desafiando a la oposición a tomar las acciones que considere necesarias, en referencia a posibles comisiones de investigación que podrían surgir.

Torres también aprovechó la ocasión para enfatizar su compromiso con mejorar la situación de dependencia en España, denunciando que en comunidades como Canarias, gobernadas por el Partido Popular, han ocurrido situaciones alarmantes. Según él, miles de personas han fallecido mientras aguardaban atención en este ámbito, lo que cala hondo en su agenda política.

El ministro hizo hincapié en la amplia discrepancia económica que persiste en Canarias, una región que recibe 18 millones de turistas al año. Criticó la alarmante tasa de pobreza, donde los más acaudalados están generando una brecha social cada vez más pronunciada, con los ricos siendo siete veces más prósperos que el ciudadano promedio, lo que sitúa a la comunidad entre las más desfavorecidas de España.

Finalmente, lanzó una advertencia al PP sobre la problemática de la Vivienda Vacacional. Señaló que este fenómeno ha despojado al mercado de casi 40,000 viviendas, complicando aún más la posibilidad de adquirir hogares por parte de los ciudadanos. Insistió en la necesidad de regular este sector, subrayando que muchas de las propiedades en cuestión pertenecen a propietarios con múltiples inmuebles, mientras que los esfuerzos del gobierno canario parecen no abordar adecuadamente este desafío.