El 22 de enero de 2024, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha sido escenario del arranque del juicio relacionado con el 'Caso Mediador', el cual se centra especialmente en una presunta red de sobornos para la instalación de placas fotovoltaicas en las Islas Canarias. La Fiscalía exige un año de prisión para tres individuos acusados: el general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista, y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte.

Este juicio, que se llevará a cabo ante un jurado popular, se prevé que se extienda durante cuatro días. En la sesión inaugural, se han presentado las posiciones iniciales tanto de la acusación como de la defensa.

Las defensas argumentan con vigor la falta de evidencia concreta que sustente los delitos que se les imputan, alegando que se han dado circunstancias que hacen difícil demostrar la culpabilidad de sus clientes.

Conforme a la Fiscalía, Bautista habría establecido contacto con Navarro Tacoronte, quien supuestamente se presentaba como alguien con influencia en el Gobierno regional, a pesar de no tener representación oficial. Su objetivo era facilitar contratos y subvenciones, prometiendo acceso a recursos a cambio de ciertas "comisiones".

El intermediario se ganaba la confianza de Bautista organizando reuniones con figuras destacadas en el ámbito político y económico, incluyendo al general Espinosa, quien actuaría en complicidad con Navarro, haciendo gala de su experiencia como máximo responsable de la Guardia Civil en Canarias durante cuatro años.

Las reuniones, muchas de las cuales se llevaban a cabo en restaurantes, culminaron en el empresario asumiendo la cuenta, llegando incluso a realizar regalos costosos al general, como puros y viajes exclusivos.

Durante el juicio, la defensa del exgeneral Espinosa ha subrayado que su cliente ya no formaba parte de la función pública cuando ocurrieron los hechos, situándose en "servicios especiales" con un proyecto estatal desde 2017. Sin embargo, la Fiscalía argumenta que el exgeneral aún estaba vinculado a una entidad pública que manejaba recursos públicos.

El abogado del general insistió en que su cliente está siendo injustamente criminalizado por entablar contactos personales, afirmando que no se cometió ninguna ilegalidad, y que no se utilizó su antigua posición para obtener beneficios.

De manera similar, el abogado de Antonio Bautista enfatizó que se trata de un malentendido en el que su cliente erróneamente confió en Navarro Tacoronte. Argumentó que no hay evidencia de elementos públicos que respalden la acusación de cohecho, limitando las transacciones al ámbito privado.

El letrado de Bautista rechazó contundentemente las acusaciones, argumentando que los supuestos pagos no fueron destinados a Espinosa, y que la totalidad de los contactos comerciales resultaron infructuosos, evidenciando la falta de relación con actividades delictivas.

Por su parte, el abogado de Navarro Tacoronte defendió la naturaleza privada de su actividad, defendiendo que su trabajo consistía en conectar a individuos entre sí, recibiendo compensación por su labor de intermediación.

Al concluir la jornada judicial, la Fiscalía introdujo nuevas pruebas en el caso, que incluirían testimonios de dos agentes de la Guardia Civil y grabaciones relacionadas con el proceso. Mañana, el juicio continuará con la presentación de más declaraciones por parte de agentes de distintos cuerpos de seguridad del Estado.