El Gobierno impugnará ante el Tribunal Constitucional el protocolo de menores migrantes aprobado por Canarias, luego de que el Consejo de Estado considerara que hay motivos jurídicos para cuestionarlo.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció que se impugnarán los apartados del acuerdo de gobierno y el protocolo relacionados con los menores extranjeros no acompañados.
Según el dictamen del Consejo de Estado, las comunidades autónomas no pueden rechazar acoger a los menores extranjeros alegando dificultades en su identificación o falta de recursos.
El consejo destacó la obligación de protección y asistencia de los menores por parte de las instituciones públicas del Estado, aunque subrayó que estas responsabilidades están distribuidas entre las entidades públicas autonómicas.
El protocolo territorial canario exige una resolución administrativa individualizada para entregar a los menores a los servicios de protección sin previa decisión del ministerio fiscal, lo cual va en contra de la normativa estatal de extranjería.
El Consejo de Estado considera que la ausencia de plazas no puede ser una excusa para rechazar la entrega de los menores ni constituye una justificación válida para vulnerar sus derechos constitucionales.
El ministro Torres resaltó la importancia de modificar el artículo 35 para asegurar la distribución equitativa de los menores migrantes en todo el territorio español, como una medida justa y necesaria en el contexto actual.
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