SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 de septiembre.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha dado un paso significativo en la regulación de los alquileres turísticos en Canarias, notificando la existencia de 8.698 propiedades que operan de manera ilegal en el archipiélago. Estos inmuebles habían solicitado un registro obligatorio desde el 1 de julio, pero no lo han conseguido al no cumplir con los criterios establecidos por la ley.

Con base en esta información, las plataformas digitales que ofrecen alquileres tendrán que eliminar de sus listados todos los anuncios relacionados con estas propiedades, muchas de las cuales podrían estar apareciendo en múltiples sitios al mismo tiempo, como ha señalado el Ministerio en un comunicado oficial.

De acuerdo con las cifras a nivel nacional, Canarias se posiciona como la segunda comunidad autónoma con el mayor número de solicitudes rechazadas, solo superada por Andalucía, que cuenta con 16.740 casos. En las islas, los municipios más afectados son Adeje en Tenerife, con 765 rechazos; seguido de San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria (637); Puerto de la Cruz en Tenerife (531); La Oliva en Fuerteventura (484); y Yaiza en Lanzarote (442).

España ha liderado a nivel europeo la implementación de un Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, con el objetivo de erradicar las irregularidades en el sector de los alquileres turísticos. Esto se logra mediante la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda, donde se cruzan los datos de registro con los de las plataformas digitales, que están cooperando en la identificación de anuncios sin el correspondiente código legal.

Desde su puesta en marcha el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) son alquileres de uso turístico. Un total de 53.786 de estas solicitudes han sido revocadas, lo que representa un 20,3% del total.

En contraste, la Comunidad de Madrid presenta una situación inusual en estos registros: el 83% de las solicitudes se han realizado como alquileres temporales, mientras que solo el 17% como turísticos. De las 3.513 solicitudes de registro de este último tipo, más de un tercio han sido rechazadas por no ajustar a la normativa vigente.

Una revocación de código indica que el Colegio de Registradores ha procesado la solicitud, pero encontró datos incompletos o que no cumplían con la normativa aplicable, y la irregularidad no fue corregida en el tiempo estipulado.