En la jornada del 14 de enero, Santa Cruz de Tenerife se convierte en el epicentro de una importante notificación del Gobierno español al Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha culminado su respuesta a la Comisión Europea. En este documento se aboga por la inclusión del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) en la nueva estrategia de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), solicitando, entre otras cosas, que se asignen fondos concretos para Canarias y se introduzcan restricciones a la compra de viviendas.

Según fuentes del Ministerio de Política Territorial, que juega un papel fundamental en la coordinación entre departamentos como Hacienda, Agricultura, Pesca y Alimentación, Vivienda, e Industria y Turismo, se destaca la relevancia del sector primario en estas regiones, con énfasis especial en Canarias. Por ello, se reclama un "financiamiento adecuado" para el POSEI y una "aceleración" en los trámites administrativos que faciliten la acción gubernamental.

Además, se proponen medidas que fomenten la sostenibilidad, tales como la creación de normativas que permitan la rápida renovación de la pequeña flota pesquera y la modificación del Reglamento Europeo para habilitar ayudas de 'minimis', dirigidas a la modernización y mejora en seguridad y sostenibilidad de embarcaciones de pesca que midan menos de 12 metros.

En el ámbito de la vivienda, el actual Gobierno plantea la integración de leyes que habiliten la implementación de mecanismos destinados a "restringir" la compra de viviendas que no tengan un uso residencial en las RUP. Esta medida busca aliviar la presión sobre el mercado de la vivienda, especialmente en beneficio de los jóvenes y las familias más vulnerables.

El Gobierno también pone sobre la mesa un análisis de la migración, sugiriendo la creación de protocolos más eficientes para la redistribución de menores y la transferencia de personas migrantes desde las RUP hacia el continente europeo. Este enfoque busca evitar la sobrepoblación de estas regiones y asegurar que existe un marco legal adecuado que respalde este proceso.

En cuanto a las ayudas estatales, se sugiere adoptar un régimen "más flexible" en su aprobación dentro de las RUP, eliminando restricciones en términos de cantidades, sectores o plazos, mientras se garantice la cohesión interna de la Unión Europea.

Por último, el Ejecutivo propone transformar las RUP en "espacios de prueba" regulativos, donde se puedan experimentar innovaciones legislativas en un contexto controlado, con el propósito de simplificar normativas y disminuir las cargas administrativas antes de su implementación en el resto de la Unión Europea.