El portavoz progresista y viceconsejero de Presidencia de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado un requerimiento al Estado para que asuma el coste de la atención a los menores migrantes no acompañados, un gasto evaluado en 157,1 millones de euros.

En una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo regional, Cabello subrayó la necesidad de que el Gobierno central "cumpla" con Canarias y atienda a los menores tutelados en la Comunidad Autónoma.

Recordó que durante una reunión anterior entre el presidente canario y el presidente del Gobierno, se mencionó la posibilidad de llegar a un acuerdo para financiar esta labor.

Además de los 157,1 millones de euros mencionados, se están evaluando otros gastos relacionados con la atención sanitaria y educativa de estos menores, informó Cabello.

El requerimiento propuesto por la consejera de Bienestar Social insta al Gobierno a asumir el costo del acogimiento de los menores en Canarias, conforme al mandato constitucional de solidaridad territorial.

Se destaca la obligación legal y constitucional de garantizar la solidaridad en materia migratoria, distribuyendo responsabilidades entre todos los territorios del Estado y asegurando la financiación necesaria para evitar desequilibrios económicos.

El documento resalta que, a juicio del Ejecutivo regional, el Estado no ha cumplido con sus obligaciones en este ámbito, lo que ha motivado el requerimiento y las llamadas para modificar la Ley de Extranjería.

Desde agosto de 2023, Canarias ha declarado emergencia migratoria ante el aumento de llegadas de inmigrantes a las islas, tomando medidas excepcionales para atender a los menores no acompañados.

La capacidad de gestión de recursos y dispositivos para atender a estos menores se ha visto desbordada por el incremento constante de llegadas desde octubre del año pasado, según el Gobierno regional.

En conclusión, el Gobierno de Canarias enfatiza su compromiso en adoptar las medidas apropiadas para asegurar la atención adecuada de los menores migrantes no acompañados, en base al interés superior del menor que debe guiar la actuación de las autoridades públicas.