El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha presidido hoy miércoles la presentación de la Estrategia para la Coordinación de la Atención Sociosanitaria 2023-2027, que estará disponible en seis meses y dará respuesta a las demandas de la población en materia sociosanitaria, garantizando la atención, los cuidados y la prestación de servicios a personas en situación de especial vulnerabilidad.

En un acto que contó con la presencia de las consejeras de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y de Sanidad, Esther Monzón, el presidente explicó que era indispensable actuar de forma preventiva y unir esfuerzos desde todos los departamentos de la Administración y el sector privado. Además, destacó la importancia de transformar el modelo de apoyos y cuidados, poniendo en el centro los derechos y el proyecto de vida de cada persona.

El plan incluirá una oferta de plazas para atender a las personas con alta sanitaria que se encuentran en centros hospitalarios de Canarias y fomentará la desinstitucionalización de las personas mayores. También se impulsará la atención domiciliaria, se incentivará la innovación tecnológica en materia sanitaria y se adaptará la oferta formativa en universidades y formación profesional para disponer de más profesionales especializados en el sector sociosanitario.

Entre las medidas que ya se han iniciado, se destacó la mejora de la gestión de la dependencia y la ayuda a domicilio. El presidente informó que se han destinado 7 millones de euros para que los municipios puedan desarrollar la ayuda especializada a domicilio y que se está trabajando en un proceso de simplificación administrativa en la declaración del grado de dependencia.

La Estrategia se llevará a cabo bajo la coordinación conjunta de la Viceconsejería de Bienestar Social y de la Dirección del Servicio Canario de la Salud y tendrá como objetivo ofrecer una atención integral a las personas mayores sin recursos que requieren atención sociosanitaria.

La propuesta inicial de la Estrategia será elaborada por un grupo de trabajo conformado por representantes y profesionales de las consejerías de Bienestar Social y de Sanidad, así como de otros estamentos del Gobierno de Canarias. Posteriormente, se someterá a la consideración de otras administraciones públicas, agentes económicos y entidades sociales, y se recabarán los informes necesarios antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno.