El pasado 16 de abril, el entorno turístico de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en una encrucijada, ya que la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha emitido una orden que establece servicios mínimos ante la huelga programada para este jueves y viernes en la región.

Esta normativa determina que en el área de limpieza y mantenimiento de los hoteles, cada establecimiento deberá contar con un reten de trabajo limitado al 15% de su plantilla diaria. En las áreas de Recepción, Conserjería y Mantenimiento, la cifra se incrementa al 25% para asegurar que se mantengan los estándares básicos.

La disposición también se extiende a los restaurantes, donde se garantiza al menos un buffet diario para los huéspedes durante toda la huelga, manteniendo un mínimo similar del 15% del personal en cada turno necesario para atender a los clientes.

Por otro lado, la normativa enfatiza que cualquier interrupción del trabajo por parte del personal asignado a estos servicios esenciales será considerada ilegal, amparándose en el artículo 16.1 del Real Decreto-ley 17/1977. Esto pone en relieve un choque de intereses entre los derechos laborales y la necesidad de garantizar servicios a los turistas.

Desde la Consejería se argumenta que existe la necesidad de asegurar una "proporción razonable" entre los servicios mínimos exigidos y los inconvenientes que puedan experimentar los turistas. El objetivo es evitar que esta situación limite gravemente el funcionamiento habitual de los servicios turísticos, mientras se busca que la huelga no cree un daño excesivo a la comunidad.

A su vez, se destaca la gran ocupación en muchos de los alojamientos, que alcanza un 95%, lo que implica que un número significativo de personas, incluidos niños y personas con discapacidad, podrían experimentar efectos adversos por la falta de servicios esenciales.

La consejera también ha enfatizado que es crucial "salvaguardar" los derechos de los usuarios en cuanto a la continuación de los servicios básicos, sin que esto limite el derecho de los trabajadores a organizarse y defender sus demandas a través de la huelga.

Frente a estas decisiones del Gobierno, los sindicatos Comisiones Obreras y Sindicalistas de Base han expresado su oposición, advirtiendo que los servicios mínimos establecidos son ilegales y han manifestado su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).