El pasado viernes 13 de octubre, el director general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez, tomó la decisión de suspender cautelarmente las pruebas selectivas para las plazas de Administrativo de la Comunidad Autónoma y la puso en conocimiento del Juzgado de instrucción de turno en Santa Cruz de Tenerife.
La suspensión se llevó a cabo después de que la Dirección General de Función Pública tuviera conocimiento de que solo 9 de las más de 4000 personas que se presentaron al examen aprobaron, y que las dos calificaciones más altas las obtuvieron dos personas presuntamente vinculadas por parentesco y afinidad con la anterior directora general, Águeda Márquez.
Francisco Rodríguez explicó que se abrió un período de información previa para recabar toda la información necesaria sobre el ejercicio realizado. Sin embargo, las potestades de investigación de la Administración Pública están limitadas por ley, por lo que se decidió poner en conocimiento del juzgado de instrucción el procedimiento y resultado de la prueba selectiva para que inicie actuaciones si considera que hay indicios suficientes de irregularidades.
La investigación interna realizada por Función Pública demostró que Águeda Márquez no se inhibió del proceso de selección a pesar de que dos personas supuestamente relacionadas por parentesco obtuvieron las puntuaciones más altas en el examen. Cabe destacar que la ex directora general fue la encargada de designar al tribunal calificador de las pruebas.
Además, se descubrió que en un proceso selectivo anterior, Águeda Márquez firmó una resolución en la que nombraba al personal funcionario de carrera que había superado el proceso de selección, incluyendo a las personas mencionadas anteriormente.
Toda la información recopilada ha sido comunicada al juzgado de instrucción y ahora será la administración de justicia la encargada de llevar a cabo la investigación correspondiente.