El Gobierno alerta a la Fiscalía sobre posibles vulneraciones de derechos en el protocolo canario de acogida de menores migrantes.
En un nuevo capítulo de la lucha por los derechos de la infancia en España, el Ministerio de Juventud e Infancia ha enviado un informe a la Fiscalía en el que denuncia que el protocolo aprobado por el gobierno de Canarias para la acogida de menores migrantes podría vulnerar gravemente los derechos fundamentales de los niños y niñas en el país.
Las fuentes del Ministerio liderado por Sira Rego han destacado la gravedad de la situación, recordando que la protección de menores es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, independientemente de su situación migratoria.
Además, resaltaron que Canarias está poniendo en riesgo los derechos de los menores en situación de desamparo, comprometiendo la colaboración institucional y la solidaridad territorial.
El informe enviado a la Fiscalía destaca que el protocolo canario viola el artículo 39.4 de la Constitución, que garantiza la protección de los menores conforme a los acuerdos internacionales sobre sus derechos, así como el interés superior del menor reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, hace hincapié en que el protocolo de Canarias limita la protección de los menores en el territorio autonómico y no garantiza su bienestar de manera efectiva, contraviniendo la legislación nacional e internacional en materia de derechos de la infancia.
Por último, el informe señala que el protocolo canario va en contra del Estatuto de Autonomía al no ejercer la competencia exclusiva en materia de protección de menores.
La polémica se desató cuando el gobierno de Canarias publicó en el Boletín Oficial el protocolo que busca ordenar los procesos de acogida de menores migrantes no acompañados en las islas, aunque la fiscal superior de Canarias ya ha advertido que investigará un posible delito de abandono si el gobierno autonómico no cumple con su responsabilidad de acoger a estos niños y jóvenes que llegan en patera.