El 28 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, compartió una inquietante noticia: el Gobierno central ha amenazado con llevar a la comunidad autónoma al Tribunal Constitucional si se procede a implementar un complemento de 400 euros para las pensiones no contributivas (PNC).

Esta propuesta surgió del Ejecutivo canario como una respuesta a la urgencia de apoyar a los ciudadanos con rentas más bajas mediante la Renta Canaria de Ciudadanía, dado que el Estado ha mostrado una notable lentitud en atender el mandato del Congreso para reformar la Ley de la Seguridad Social.

Durante una reciente comisión parlamentaria, Delgado abordó el tema con el Grupo Mixto y aseguró que ha sido un proceso delicado a lo largo de los dos últimos años, dado que las regulaciones para acceder y mantener una PNC son muy estrictas. "Una persona puede perder la ayuda si sus ingresos superan el límite establecido", advirtió.

Con el objetivo de evitar efectos adversos en los beneficiarios, la consejera impulsó un debate a nivel nacional para que el Estado reconozca explícitamente la compatibilidad de los complementos autonómicos con las pensiones no contributivas. Este esfuerzo, según destacó, logró avanzar en el Congreso, donde se mandató a la Seguridad Social para que garantizara que las ayudas regionales no afecten el acceso a la pensión.

Además, Delgado subrayó que se ha presentado al Estado una propuesta específica: modificar la Ley General de la Seguridad Social para que el desarrollo de un complemento a las PNC en Canarias no sea considerado como ingreso, y para que se incluyan entre las rentas exentas aquellos complementos proporcionados por las comunidades autónomas.

La consejera respondió a una pregunta del diputado herreño Raúl Acosta, enfatizando que la finalidad de este complemento es mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos. Actualmente, en la comunidad hay 43.934 PNC de jubilación y discapacidad, de las cuales 15.931 corresponden a hombres y 28.003 a mujeres, lo que pone de relieve la precariedad que enfrentan miles de personas en un territorio insular con un costo de vida elevado y limitaciones en el acceso a servicios.

A pesar de ser una comunidad con una población media, Canarias se encuentra en la quinta posición en cuanto al número absoluto de PNC, lo que evidencia la relevancia de estas prestaciones en la cohesión social y la importancia de cualquier mejora que se busque implementar.

Sin embargo, Delgado expresó su sorpresa al recibir una carta del Gobierno de España esta semana, en la que se notificaba la posibilidad de declarar inconstitucional esta medida, así como la intención de bloquear el complemento destinado a las poblaciones más vulnerables de Canarias.

La consejera concluyó manifestando que, aunque no están pidiendo soluciones instantáneas ni recursos ilimitados, parece que la verdadera preocupación del Gobierno central radica en obstruir una ayuda esencial contemplada en el Proyecto de Ley de Presupuestos, que busca al mismo tiempo brindar apoyo a quienes más lo necesitan y asegurar la estabilidad de la pensión estatal, elevando el nivel de vida de las personas que dependen exclusivamente de una PNC en Canarias.