El gasto en políticas sociales de la comunidad autónoma de Canarias ha experimentado un aumento significativo del 21,5% desde 2009, lo que equivale a un total de 1.084 millones de euros, según revela el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Este incremento sitúa el peso de las políticas sociales en el presupuesto autonómico del año pasado en un 61,2%, con un promedio de 2.804,38 euros por habitante. Aunque esta cifra se encuentra por debajo de la media nacional, Canarias se coloca por delante de Andalucía, Cataluña y Madrid en cuanto a inversión en políticas sociales.

En el ámbito de la sanidad, el gasto en relación al presupuesto total fue del 34,6%, con un promedio de 1.585,62 euros por habitante y un crecimiento del 17,6% desde 2009, lo que equivale a 517,2 millones de euros adicionales. En cuanto a la educación, el gasto representó el 20,6% de las cuentas autonómicas el año pasado, con un promedio de 942,05 euros por habitante. A pesar de esto, Canarias se posiciona como la tercera comunidad con menor inversión en educación desde 2009, con un aumento del 16,7% que se traduce en 293,8 millones de euros adicionales.

En el caso de los servicios sociales, estos representaron el 6% del gasto autonómico, con un promedio de 276,71 euros por habitante. Canarias se sitúa como la segunda comunidad con menor inversión en servicios sociales, por delante de Baleares. Sin embargo, cabe destacar que se ha producido un aumento del 83% en comparación con 2009, lo que supone un incremento de 273,4 millones de euros.

A nivel nacional, se ha observado una tendencia a la baja en el porcentaje de gasto de las comunidades autónomas en políticas sociales desde 2010. En ese año, el gasto representaba el 67,39% del presupuesto total de la comunidad, mientras que en 2022 ha descendido al 58,78%. A nivel absoluto, el incremento en el conjunto de las políticas sociales desde 2009 ha sido de 22.221,7 millones de euros, lo que representa un aumento del 19,02% hasta alcanzar un total de 139.000 millones de euros en 2022.

No obstante, si se hubiera destinado el mismo porcentaje del presupuesto total de las comunidades autónomas que en 2010, se habrían invertido casi 20.100 millones de euros adicionales en 2021. El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, afirma que estos recortes han afectado especialmente a las partidas destinadas a políticas sociales, que experimentaron una disminución drástica en 2013 y 2014. En ese año se alcanzó el nivel más bajo de gasto autonómico en servicios esenciales, con menos de 100.000 millones de euros.

El estudio también destaca que, desde 2014 hasta 2020, se han registrado incrementos en los presupuestos de las comunidades autónomas debido a la gestión de la pandemia. En 2020 y 2021, el gasto social aumentó, especialmente en el ámbito de la sanidad, llegando a alcanzar los 141.432 millones de euros del presupuesto liquidado en 2021. La asociación subraya que la disponibilidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) también ha contribuido al aumento de las políticas sociales, aunque no de forma equitativa en todas las comunidades.

Según la asociación, el incremento del gasto en políticas sociales gestionadas por las comunidades autónomas entre 2019 y 2022 ha sido del 13,5% (7,9% en sanidad, 17,7% en educación y 28,8% en servicios sociales). En comparación, el aumento del gasto en el resto de políticas ha sido del 41% en el mismo periodo. Esto evidencia una pérdida de peso específico del gasto social en las comunidades autónomas.

En cuanto a la evolución del gasto en políticas sociales desde 2009, se observa una gran variabilidad entre las diferentes regiones. Con excepción de Cataluña, todas las comunidades autónomas han superado en 2022 el gasto social por habitante que tenían en 2009. La Comunidad Valenciana es la que muestra un mayor aumento, con 855 euros más por habitante, seguida de Navarra (+830 euros) y Asturias (+824 euros). Por otro lado, Cataluña ha reducido su gasto en 6 euros por habitante. Destaca el caso de la Comunidad de Madrid, que solo aumentó en 168 euros por habitante.

En términos de gasto por habitante en políticas sociales, las diferencias entre las comunidades autónomas oscilan entre los 2.399 euros de la Comunidad de Madrid y los 3.901 euros de Navarra, o los 3.708 euros del País Vasco. Entre las Comunidades de Régimen Común, Extremadura es la que muestra un mayor gasto por habitante, con 3.629 euros, seguida de Asturias (3.438 euros) y Cantabria (3.392 euros). En 2022, Madrid (2.399 euros/habitante) y Cataluña (2.782 euros/habitante) se encuentran a la cola en cuanto al gasto social por habitante.

La asociación también señala que solo en 2019 se superaron los 116,9 millones de euros de gasto total en políticas sociales registrados en 2009. En 2022, se destinaron 139,1 millones de euros, lo que supone un aumento de 22,2 millones. Además, el promedio de gasto social por habitante y año en el conjunto de las comunidades en 2022 es un 16% superior al de 2009, pasando de 2.535,4 euros a 2.939,8 euros.

Asimismo, es importante destacar que el mayor incremento en el gasto autonómico se ha dado en el pago de la deuda, que se ha multiplicado por cinco, aumentando en 728,51 euros por habitante. Esto limita la capacidad de las comunidades para aumentar su gasto en sanidad, educación y servicios sociales, ya que el gasto por habitante en estas áreas ha aumentado solo en 404,4 euros, casi la mitad del aumento en el pago de la deuda.