El Estado compensará con 5,34 millones a vecinos del edificio San Telmo de Las Palmas por la construcción de la biblioteca.
En Las Palmas de Gran Canaria, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha determinado que el Estado deberá compensar con 5.343.590,57 euros a la comunidad de propietarios del edificio San Telmo. Esta indemnización corresponde a la expropiación de su derecho a ejecutar una sentencia que ordenaba la demolición de la Biblioteca Pública del Estado en la Avenida Marítima, la cual les impedía disfrutar de las vistas al mar.
La resolución emitida el 18 de julio por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC pone fin a un incidente de ejecución iniciado en noviembre de 2019. Este incidente se originó a raíz de la disposición adicional sexagésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que declaró la utilidad pública e interés social de la expropiación de los derechos de ejecución de las resoluciones judiciales relacionadas con la demolición del inmueble.
Es importante destacar que el objeto de este incidente no es establecer una compensación por responsabilidad patrimonial, sino por la expropiación de un derecho específico. Además, la resolución deja claro que las reclamaciones contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria son ajenas a este asunto y que no corresponde a la administración local cubrir la indemnización por esta expropiación.
El pleito se remonta a la anulación de la licencia de la biblioteca por parte del TSJC y el Tribunal Supremo, debido a diversas irregularidades en su construcción. La comunidad de propietarios del edificio San Telmo, afectada por la falta de visibilidad al mar, promovió este litigio en busca de una compensación justa.
Tras un largo proceso legal, la Sala determinó que la indemnización propuesta por la comunidad de vecinos era la más adecuada, al reflejar los graves perjuicios sufridos por la construcción ilegal de la biblioteca. Por otro lado, la valoración presentada por la Abogacía del Estado fue rechazada al no considerarla apropiada ni justificada.
En resumen, la resolución del TSJC establece una indemnización significativa para compensar los impactos negativos causados por la construcción ilegal de la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria.
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