El panorama político en el ámbito turístico de Canarias ha tomado un giro interesante, luego de que el cuatripartito, compuesto por Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP), Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Asamblea Herreña de Independientes (AHI), junto con el respaldo de Vox, decidieran no avanzar en la tramitación de dos proposiciones de ley impulsadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Nueva Canarias-Bloque Canario (NC-BC). Estas iniciativas, que contemplaban la implementación de una tasa turística con una recaudación finalista, potencialmente podría generar entre 150 y 250 millones de euros anuales para las Islas Canarias.

Manuel Hernández, diputado por el PSOE, ha defendido la urgencia de crear esta tasa, argumentando que las Islas, con un récord de 18 millones de turistas y unos ingresos que superan los 22,000 millones de euros en este año, están en condiciones óptimas para ello. Según Hernández, la medida no solo no perjudica al sector turístico, sino que ofrece beneficios a la comunidad canaria, ya que los residentes estarían exentos de pagarla, promoviendo un reparto más equitativo de los ingresos generados por la actividad turística.

El tono crítico se volvió más evidente cuando Hernández cuestionó las justificaciones presentadas por el Gobierno y los partidos que lo respaldan en su negativa a evaluar la nueva legislación. Con firmeza, negó cualquier alegación de inconstitucionalidad por la circunscripción de la tasa a los no residentes, argumentando que no se trataría de una carga desproporcionada.

Por otro lado, Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), mostró su apoyo a la “sostenibilidad” de las islas, reconociendo que el impuesto turístico podría ser un paso razonable para incrementar la recaudación y redistribuir la riqueza. Sin embargo, Acosta hizo un llamado a la prudencia, sugiriendo que es fundamental evaluar detenidamente cómo se implementaría la tasa en diferentes territorios, ya que la situación de cada isla es única. Destacó que la aplicación indiscriminada de la medida podría afectar negativamente la llegada de turistas a lugares como El Hierro, repercutiendo en las familias del lugar que dependen de esta economía complementaria.

La postura de Jesús Ramos, de ASG, también fue cautelosa. Este político subrayó la importancia de no comprometer el desarrollo de las "islas verdes", sugiriendo que una tasa podría impactar desfavorablemente en el sector turístico. Ramos propuso, en cambio, la implementación de tarifas por servicios, considerándolo un enfoque más coherente. Además, cuestionó la viabilidad de exceptuar a los canarios de pagar la tasa, señalando que en ninguna otra región española se ha logrado este objetivo, lo que podría traducirse en un aumento considerable de los gastos para una familia que desee disfrutar de un fin de semana en una vivienda vacacional.

Javier Nieto, de Vox, abordó el tema desde otra perspectiva, criticando a los socialistas por no haber promovido la tasa en legislaturas anteriores, expresando que esta iniciativa podría ser injuriosa para un sector tan delicado como el turismo, que sustenta la economía canaria. A su juicio, esta propuesta podría derivar en un daño irreversible, haciéndola parecer una “puñalada” al tejido económico de las islas.

Por su parte, Luis Campos, portavoz de NC-BC, defendió la validez de la tasa turística, comparándola con impuestos aplicados en destinos turísticos de renombre a nivel mundial. Campos enfatizó que su costo es equivalente al de una cerveza en un bar de piscina y recordó que lugares como Cabo Verde ya aplican esta tasa con éxito, destacando que su distancia de Europa no ha sido un obstáculo para atraer visitantes.

El escepticismo continuó con Carlos Ester, del PP, quien rechazó la propuesta calificándola de "barbarie impositiva". Afirmó que la oposición del PSOE se basaba en un enfoque que podría perjudicar tanto la economía como el sector turístico en Canarias. "Les gusta el saqueo, rascar los bolsillos de las familias", criticó, sugiriendo que la medida podría desincentivar el turismo, especialmente en las islas con mayores costos de acceso.

Finalmente, José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, criticó la falta de un análisis serio sobre la tasa por parte de los socialistas, enfatizando la necesidad de un debate inclusivo con organizaciones económicas y sociales, tal y como se había comprometido en el anterior periodo legislativo. Barragán dejó claro que antes de avanzar con esta medida, se requiere una revisión exhaustiva del modelo de financiación de las comunidades autónomas.