24h Canarias.

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Dos nuevos decretos ley beneficiarán a La Palma con vivienda protegida y medidas agrarias.

Dos nuevos decretos ley beneficiarán a La Palma con vivienda protegida y medidas agrarias.

En una reciente sesión, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó dos decretos ley destinados a La Palma. Uno de ellos está dirigido a implementar medidas urgentes en relación a la vivienda protegida, mientras que el otro se enfoca en medidas agrarias para fomentar la recuperación económica y social de la isla.

La consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, Nieves Lady Barreto, así como el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, dieron a conocer esta información durante una conferencia de prensa celebrada en Las Palmas de Gran Canaria tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Barreto explicó que el primer decreto ley tiene como objetivo simplificar y acelerar el proceso de construcción de viviendas protegidas, especialmente en los tres municipios afectados por la erupción volcánica.

Se han designado 15 parcelas de suelo público en 8 municipios para esta finalidad, con el propósito de brindar opciones habitacionales a aquellos que no pueden acceder a los esquemas de reconstrucción de viviendas existentes en la isla y satisfacer la demanda de viviendas protegidas.

En relación a las personas que perdieron sus viviendas durante la erupción, Barreto subrayó que este decreto busca dar soluciones a quienes no pueden acogerse a las opciones establecidas en decretos previos en lo referente a la reconstrucción de edificaciones previas a la colada volcánica. Estos individuos tienen prioridad en acceder a las nuevas viviendas construidas en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, conforme a criterios de renta habitualmente aplicados en la adjudicación de este tipo de viviendas protegidas.

Los afectados recibirán la propiedad de la nueva vivienda a cambio de ceder la vivienda anterior situada en la zona de la colada, siendo esta nueva vivienda considerada como una compensación en especie por los daños sufridos.

En cuanto a las viviendas ubicadas en el Valle de Aridane que no sean adjudicadas, así como las futuras construcciones en otros municipios de La Palma, serán asignadas a los solicitantes inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda siguiendo las reglas generales de la legislación vivienda.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó el decreto ley de medidas agrarias destinado a la reactivación de la isla de La Palma tras la erupción volcánica en Cumbre Vieja.

Quintero señaló que el objetivo es restaurar la mayor cantidad de superficie de cultivo posible y facilitar que la mayoría de los agricultores afectados, alrededor de seiscientos, retomen su actividad, ofreciendo además apoyo económico a los afectados hasta que puedan volver a utilizar sus terrenos, manteniendo las ayudas del POSEI y compensaciones por pérdida de renta.

El texto incluye disposiciones para la recuperación segura de las explotaciones agrarias afectadas por la colada volcánica, permitiendo que cada afectado inicie el proceso de recuperación sin dejar de recibir ayudas públicas. El Gobierno de Canarias implementará medidas económicas adicionales necesarias para respaldar este proceso, compatibles con compensaciones por daños materiales causados a la agricultura por el volcán.

El decreto también contempla que los propietarios afectados podrán proponer concentraciones parcelarias privadas para reorganizar la propiedad, con apoyo legal y financiero, así como compensaciones económicas basadas en el valor real de las propiedades para quienes decidan no continuar con la actividad agraria.

Quintero destacó que esta normativa busca atender las necesidades expresadas por los agricultores afectados y asegurar que nadie quede rezagado en el proceso de recuperación. Establece una estrategia integral que puede iniciarse de inmediato y avanzar de manera coordinada con la recuperación de infraestructuras esenciales.

Este decreto forma parte de un plan integral de recuperación para La Palma, complementando decretos previos relacionados con urbanismo, suelos estratégicos para actividades comerciales e industriales, y un programa de pagos que cuenta con una primera asignación de 150 millones de euros.

El documento delimita zonas específicas de la isla con distintos niveles de viabilidad para la reconstrucción de áreas de cultivo e infraestructuras agrarias, garantizando la seguridad de cada espacio y ofreciendo alternativas viables para la reactivación agraria en La Palma tras el desastre natural.

Por último, se establece que será crucial la participación activa de los afectados y la colaboración con las autoridades pertinentes para garantizar una recuperación exitosa y sostenible en el tiempo.