La Diputada del Común, Lola Padrón, ha lanzado una contundente advertencia sobre la crítica situación de la discapacidad en las Islas Canarias, subrayando la necesidad urgente de un "cambio estructural" para abordar un panorama que se agrava de manera alarmante.

En una presentación este lunes en Santa Cruz de Tenerife, Padrón cuestionó la falta de "transparencia" por parte de la Dirección General de Discapacidad del Gobierno de Canarias, que no proporciona datos suficientes para entender y diagnosticar correctamente la problemática actual. “La lista de espera es un agujero negro”, señaló, refiriéndose al notable incremento en las quejas, que ha alcanzado un 94,5%, totalizando 603 reclamaciones.

La situación es aún más preocupante si se consideran las proyecciones para 2025, ya que en solo el primer semestre se han recogido ya 400 quejas, lo que sugiere que las cifras podrían duplicarse. Padrón enfatizó que es imprescindible "poner los datos sobre la mesa" y tener el arrojo necesario para transformar la gestión de la discapacidad, dado que un abrumador 90% de las quejas se relacionan con demoras en la resolución de los grados.

“La realidad debe ser reconocida; no hay espacio para cerrar los ojos ante el colapso”, insistió la diputada, señalando que una falta de transparencia solo perpetúa el problema. Reiteró que todos desean resolver la situación, pero si existe temor a exhibir los datos, seguirán cometiendo errores.

Padrón también reconoció que la creciente lista de espera es un reflejo de que los servicios públicos están colapsados por la demanda, con algunas personas esperando hasta cinco años por atención. Además, criticó la falta de información por parte del 012 sobre los expedientes, creando angustia y desconcierto entre los ciudadanos que requieren asistencia.

Con un enfoque hacia la mejora, Padrón anunció su intención de presentar una resolución a la dirección general, demandando un plazo claro de respuesta para los ciudadanos que esperan atención. “Es una cuestión de respeto”, aseveró.

La diputada hizo hincapié en el "trato desigual entre islas", señalando que las islas capitalinas tienen más recursos en términos de personal técnico, y explicó que la estrategia actual de discapacidad en Canarias está "caducada". Afirmó que las esperas prolongadas comprometen el futuro de numerosos niños y sus familias.

Padrón argumentó que no es suficiente con incrementar el número de personal; es fundamental reformar el modelo actual, que sigue siendo excesivamente tradicional y centrado en el enfoque médico, mientras que hace falta una mayor presencia de terapeutas ocupacionales, educadores sociales y logopedas.

Asimismo, demandó la creación de un concierto social para el tercer sector, similar al que se aplica a la sanidad privada, para garantizar su financiación y fomentar su participación en la toma de decisiones a través de un consejo de participación social.

Al abordar el tema de las demoras en la evaluación de grados, Padrón alertó que esta situación genera "pobreza invisible", dejando fuera de acceso a recursos legales a quienes aún no han sido valorados. Citó como ejemplos a seguir a las comunidades del País Vasco y Navarra, donde no existen listas de espera.

La presidenta de la comisión, Ana Oramas, se mostró decidida a "revertir" la delicada situación de la discapacidad en el archipiélago, prometiendo un compromiso absoluto, no para culpabilizar, sino para identificar y enfrentar los problemas de manera efectiva.

Todos los partidos presentes reconocieron la crítica situación de la discapacidad en Canarias. Francisco Linares, diputado de CC, calificó el informe de “vergonzoso”, describiendo un panorama de colapso que se ha prolongado durante años. Hizo un llamado a transformar el sistema burocrático, al considerar que se ha convertido en un “embudo” que causa sufrimiento entre quienes buscan mejorar sus condiciones.

“Es hora de cuestionar el sistema y reconocer que está fracasando”, concluyó Linares, instando a una profunda reformulación de los procesos actuales.