Las Palmas de Gran Canaria, 19 de noviembre. En un esfuerzo continuo por combatir la ciberdelincuencia, la Guardia Civil de Fuerteventura ha llevado a cabo una investigación que culminó en la identificación de un individuo de 30 años como presunto responsable de una serie de delitos graves, incluidos la estafa, la suplantación de identidad, la falsedad documental y el blanqueo de capitales. Este sujeto habría adquirido, utilizando créditos fraudulentos, dos vehículos en concesionarios en la Comunidad de Madrid, lo que suma un total de 22.000 euros en fraudes.

La situación se desencadenó cuando la unidad especial de la Guardia Civil, dedicada a la detección y lucha contra estafas en línea, recibió una denuncia el 11 de abril de 2024. La denuncia fue interpuesta por la persona afectada, quien había intentado alquilar un alojamiento vacacional. Según la institución, fue a raíz de este aviso que comenzaron las indagaciones pertinentes.

Estos acontecimientos se remontan a julio de 2023, cuando la víctima decidió alquilar una vivienda y adelantó la cantidad de 150 euros como reservación. Para formalizar el contrato, el supuesto arrendador le solicitó que enviara documentación personal, argumentando que era para acelerar el proceso, lo que incluyó su DNI, nómina y copia de la declaración de la renta, entre otros documentos.

Después de proporcionar toda esta información y una vez que realizó el pago, la víctima quedó sin noticias del arrendador, lo que la llevó a darse cuenta de que había caído en una estafa. La situación se agravó en febrero de 2024, cuando al intentar solicitar un préstamo hipotecario, el banco le informó que no podía llevar a cabo la operación debido a varias deudas que aparecían a su nombre, las cuales la víctima no había contratado.

Frente a estos desarrollos, la Guardia Civil inició su investigación, enfocándose en rastrear el origen de las supuestas deudas y cómo se habían gestionado los créditos. Así, se descubrió que dichos créditos estaban relacionados con la compra de los vehículos en Madrid, y que todos los documentos utilizados para formalizar estas transacciones habían sido obtenidos de manera fraudulenta durante la estafa del alquiler.

La investigación resultó fructífera, logrando localizar los vehículos en Asturias, que habían sido transferidos al nombre de la presunta estafadora. Para ello, se habían elaborado contratos de compraventa falsificados empleando la documentación de la víctima, lo que permitió que las transferencias se realizaran bajo apariencia de legalidad. Posteriormente, estos vehículos fueron revendidos, generando un beneficio económico para los responsables del delito.

Por último, la Guardia Civil hace un llamado a la ciudadanía, enfatizando la importancia de no compartir información personal con desconocidos o con entidades que no estén debidamente autorizadas para manejar dicha información. Esto es especialmente relevante en transacciones de compraventa o alquiler de propiedades, ya que estos son los métodos preferidos por los estafadores para obtener no solo dinero, sino también datos sensibles que pueden ser utilizados para perpetrar estafas adicionales en nombre de las víctimas, o incluso para contratar créditos y otros servicios que pueden resultar en graves pérdidas económicas.