Un descubrimiento alarmante ha sido realizado en Las Palmas de Gran Canaria, donde la Policía Nacional ha logrado desmantelar una red dedicada a la manipulación de documentos y al fomento de la inmigración ilegal. La investigación ha evidenciado que 133 personas de origen mauritano y marroquí, que se encontraban en una situación regular en el país, fueron empadronadas de manera fraudulenta.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, este entramado delictivo se centraba en empadronamientos ficticios que, además de vulnerar la ley, ponían en riesgo el sistema de Seguridad Social. Durante la operación, un hombre fue detenido y otro más fue identificado por su participación en la gestión de estos empadronamientos engañosos.

El fraude fue descubierto tras una exhaustiva investigación, llevada a cabo en colaboración con el Servicio del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que se extendió a lo largo de dos años. Esta cooperación fue clave para desentrañar la red que operaba desde dentro de las propias instituciones municipales.

El objetivo principal de estos empadronamientos era obtener certificados que pudieran ser presentados ante diversas entidades públicas. Este procedimiento es esencial para aquellos que desean regularizar su situación legal en España y acceder a la tarjeta de asistencia sanitaria, un derecho que debería ser garantizado a todos.

Es especialmente preocupante que muchos de los individuos favorecidos por este fraude ni siquiera residan en España. Ciudadanos de Mauritania y Marruecos viajaban a Gran Canaria exclusivamente para recibir atención médica, aprovechándose del sistema español sin la intención de establecerse de manera legal en el país.

Los supuestos autores de estos delitos frecuentaban las dependencias municipales, presentándose como trabajadores que ofrecían su ayuda para la gestión de trámites burocráticos. Con astucia, lograron ganarse la confianza de sus víctimas y recopilaron diversos documentos personales, incluyendo identificaciones, facturas y contratos, que utilizaron para llevar a cabo el engaño.

Con la documentación en su poder, ofrecían a los ciudadanos de estos países la posibilidad de regularizar su estatus en España a cambio de elevadas tarifas, una práctica que no solo es inmoral, sino que atenta contra los derechos de los individuos que buscan mejorar su situación.

Hasta el momento, se han identificado al menos a 28 afectados por esta trama, de las cuales 133 personas se beneficiaron del fraude. La detención de uno de los involucrados ha sido una de las primeras acciones para tratar de desmantelar esta red delictiva.

A medida que la investigación avanza, las autoridades continúan realizando gestiones internacionales con el fin de concluir con la desarticulación de este entramado. Se trata de un caso que pone de relieve la necesidad de vigilancia y control en los procesos administrativos, así como la importancia de proteger los derechos de las personas, independientemente de su estatus migratorio.

Finalmente, tras culminar las diligencias pertinentes, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, lo que abre un camino hacia la justicia en este caso que revela la vulnerabilidad de un sistema que debería ser un refugio para quienes buscan ayuda y oportunidades.