En un operativo de gran envergadura, la Policía Nacional ha desmantelado una red criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en el sur de Tenerife. La intervención ha permitido la identificación de 36 mujeres que se encontraban en condiciones de abuso, logrando liberar a ocho de ellas en el proceso.

La pesquisa se inició en 2024, tras recibir el testimonio de una de las víctimas, quien denunció la existencia de esta organización que traficaba con mujeres provenientes de Colombia, llevándolas a España para explotarlas sexualmente en prostíbulos clandestinos. La información fue confirmada posteriormente por la institución a través de un comunicado oficial.

El análisis de las evidencias reveló que la red estaba compuesta por un clan familiar de cinco individuos de origen venezolano, especializados en la captación y el tráfico ilegal de mujeres jóvenes. Estas víctimas, de entre 18 y 25 años, eran llevadas a Tenerife, donde eran alojadas en pisos de alquiler turístico que operaban como prostíbulos.

Las mujeres eran abordadas en su país de origen por una cómplice del grupo, quien les ofrecía promesas engañosas de ganar dinero fácil a través de la prostitución, condiciones que distaban mucho de la cruda realidad que experimentarían al llegar a España.

Una vez que aceptaban la oferta, el grupo se encargaba de adquirir sus billetes de avión, organizando incluso seguros de viaje y reservas de hotel ficticias para facilitar su llegada. Antes de emprender el viaje, las víctimas eran entrenadas para presentarse ante las autoridades como turistas, evitando así las detecciones en los controles fronterizos.

Al llegar al aeropuerto de Tenerife, el clan recibía a las víctimas, confiscando el dinero que llevaban consigo y llevándolas directamente a los pisos donde serían forzadas a ejercer la prostitución hasta que saldaran las deudas contraídas.

Las condiciones de explotación eran extremas: las mujeres estaban a disposición 24/7, con una falsa promesa de descanso diario, ya que debían estar listas para atender a cualquier cliente en cualquier momento. Además, eran forzadas a fotografiarse semanalmente para actualizar los anuncios en línea, y estaban obligadas a atender a clientes sin poder rechazar ningún servicio, independientemente de las circunstancias.

Las víctimas eran alojadas en habitaciones compartidas, algunas de las cuales servían como lugares para realizar los servicios sexuales. La red ejercía control total sobre ellas, incluso obligándolas a trabajar estando enfermas, sin importar sus condiciones de salud, y si no podían trabajar, muchas eran echadas a la calle sin recursos.

El clan utilizaba tecnología de vigilancia para controlar a las mujeres en los pisos, quedándose con la totalidad de las ganancias generadas por cada una hasta que se pagaran sus deudas, que en algunos casos se multiplicaban, alcanzando cifras cercanas a los 9.000 euros.

A pesar del miedo y las amenazas recibidas a través de mensajes instantáneos, algunas mujeres lograron escapar de la brutalidad de la organización, que no dudaba en amenazar a sus familias en Colombia para mantener el control.

Además de la trata de personas, el clan estaba involucrado en la venta de drogas y otros productos ilegales, incluyendo medicamentos para mejorar el rendimiento sexual, obligando a las mujeres a consumir sustancias para satisfacer a los clientes y maximizar las ganancias.

Las investigaciones también revelaron que la red estaba vinculada al blanqueo de capitales y al fraude, aumentando su patrimonio en España y Venezuela a través de la compra de propiedades y bienes materiales.

El resultado del operativo policial fue la detención de nueve individuos en Tenerife, con cinco de ellos enfrentando cargos en prisión. Se realizaron registros en cinco ubicaciones, donde se encontraron más de 100.000 euros en efectivo, vehículos, dispositivos electrónicos y sustancia ilícitas, además de abundante documentación que comprometía a la organización.

Como parte del esfuerzo por combatir estos delitos, la Policía Nacional ha habilitado una línea de contacto y un correo electrónico para facilitar denuncias anónimas, subrayando la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra la trata de personas.