La investigación comenzó tras el valiente testimonio de una de las víctimas, quien denunció estar siendo objeto de abusos por parte de un clan familiar que operaba en España.

En una significativa operación conjunta, la Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Colombia y el apoyo de Interpol, han desmantelado una peligrosa red criminal colombiana que operaba en territorio español, dedicada al tráfico de personas con fines de explotación sexual. Hasta ahora, 18 víctimas han logrado ser liberadas de esta organización.

Los reportes de las fuerzas del orden indican que esta red delictiva tenía su modus operandi establecido entre la provincia de Badajoz y la isla de Lanzarote, donde sometían a sus víctimas, predominantemente originarias de Colombia, a una deuda exorbitante de hasta 3.400 euros. La documentación personal de estas mujeres era retenida por los delincuentes como garantía hasta que la deuda fuera saldada. Este esquema se basaba en captar a mujeres en Colombia bajo la falsa promesa de una vida mejor en España.

La acción policial incluyó la realización de seis registros, tres en Almendralejo (Badajoz) y tres en Arrecife (Lanzarote), donde se confiscó un total de más de 30.000 euros en efectivo, 32 dosis de cocaína, más de 130 pastillas destinadas a tratar la disfunción eréctil, seis teléfonos móviles, así como una variedad de documentos y material informático relevante para la investigación.

En total, se han arrestado a 18 individuos implicados en estos crímenes, 11 de los cuales fueron detenidos en Extremadura y 7 en Canarias. Seis de ellos ya han sido ingresados en prisión. Los cargos que enfrentan incluyen delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución forzada, tráfico de drogas, distribución ilegal de medicamentos, violaciones a los derechos de ciudadanos extranjeros, así como pertenencia a una organización criminal.

El origen de esta investigación se remonta a la declaración de una de las víctimas, que describió la situación de abuso a la que estaba siendo sometida por este clan familiar que operaba entre Extremadura y Canarias. Después de esta denuncia, las autoridades localizaron dos locales, una casa-club en Almendralejo y otro club en Lanzarote, donde las 18 mujeres eran sometidas a explotación sexual.

Los captores, al parecer, se dirigían a mujeres de Colombia que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad, aprovechándose de su pobreza y falta de oportunidades laborales y económicas. Se les prometía una vida mejor en España, pero al llegar se encontraban atrapadas en un ciclo de explotación.

Una vez en España, las víctimas eran trasladadas en avión, con todos los gastos cubiertos por la organización criminal. Esto incluía el costo del pasaje, tramites para la obtención de pasaportes, así como una suma de dinero inicial por concepto de viáticos, que rondaba los 1.000 euros. Sin embargo, esta supuesta "ayuda" venía acompañada de una deudas que debían pagar a sus explotadores, quienes les retenían la documentación personal hasta que la obligación económica fuese saldada.

Las mujeres eran llevadas inmediatamente a los clubes, siendo forzadas a ejercer la prostitución en condiciones de esclavitud. A menudo, eran trasladadas entre distintos locales y viviendas, lo que dificultaba cualquier intento de escapar o pedir ayuda.

Las víctimas, como relataron a los agentes, tenían obligación de estar disponibles de forma continua, con tan solo una o dos horas libres al día, y eran severamente penalizadas si no cumplían con esta imposición. Además, se les obligaba a solicitar consumiciones a los clientes y a ofrecerles drogas y medicamentos, mientras que se encontraban bajo vigilancia constante gracias a las cámaras de seguridad que estaban instaladas en las áreas comunes, grabando cada aspecto de su cautiverio.

La operación culminó con la liberación de 18 mujeres, 11 en Almendralejo y 7 en Arrecife, además de la detención de 18 personas, de las cuales seis ya se encuentran en prisión. Este esfuerzo coordinado involucró a agentes de diversas fuerzas policiales, incluyendo la OIPC-Interpol y la Policía Nacional de Colombia, con el apoyo de la ONG 'OUR RESCUE', que trabaja en la lucha contra la trata de personas y la explotación infantil, en colaboración con la Fundación Policía Española.