En una situación cada vez más tensa, la propietaria de la vermutería Valentina ha denunciado una grave falta de acción por parte de la policía al enfrentar un conflicto con una promotora inmobiliaria en Las Palmas de Gran Canaria. La dueña, Laly Rodríguez, ha manifestado su firme intención de proteger su negocio frente a lo que considera una agresión territorial.

Durante las últimas semanas, el equipo de obras encargado de la remodelación de un edificio en la calle Faro 1 ha destripado un muro que separaba su construcción de la emblemática vermutería, con el objetivo de adueñarse de una parte del local. La empresa, Cientouno Group ESP, había intentado previamente adquirir el espacio, pero la dueña se opuso a la venta.

Desde hace aproximadamente tres meses, la polémica ha ido creciendo hasta llegar a un punto en el que Valentina se ha visto obligada a cerrar sus puertas, incapaz de ofrecer servicio a sus clientes ante la llamada estrategia de acoso de la promotora. La última acción en este conflicto se llevó a cabo el 17 de septiembre, cuando los trabajadores continuaron los trabajos de destrucción sobre un muro deteriorado, lo que ya había motivado varias denuncias a las autoridades y la apertura de procedimientos judiciales.

A pesar de las preocupaciones de Rodríguez y su intento de detener las obras a través del sistema judicial alegando riesgos de seguridad, un juez desestimó su solicitud, argumentando que no se había demostrado suficientemente que existiera un peligro para la estructura del edificio. Esto ha llevado a un callejón sin salida en el que el futuro de Valentina sigue dependiendo de la resolución de un litigio que se prolonga en el tiempo.

El pleito se centra en la disputa por cuatro metros cuadrados que, según la propietaria, han sido parte de su local por más de medio siglo. Desde la clausura del establecimiento, Rodríguez ha denunciado un corte de luz que atribuye a los intentos de intimidación por parte de los trabajadores de la promotora, quienes han estado realizando obras en la zona sin su consentimiento.

A pesar de las múltiples denuncias ante la policía municipal y nacional, las intervenciones de las autoridades no han resultado en una resolución efectiva de la situación, lo que ha planteado serias preguntas sobre el papel del sistema de justicia y las fuerzas del orden en casos de acoso inmobiliario.

Laly Rodríguez, en declaraciones a los medios, ha dejado clara su determinación de no dejar que le arrebaten su propiedad. “Estoy en medio de un tratamiento, pero no voy a permitir que nadie me quite lo que es mío. Si la justicia y la policía no actúan, tendré que ser yo quien defienda lo que tengo”, afirmó con carácter resolutivo.

La propietaria también ha señalado que la empresa ha intentado apoderarse de instalaciones, como un baño, a pesar de que aún no se ha resuelto quién tiene derecho legal sobre el espacio, al tiempo que relató incidentes de vandalismo, como la rotura de puertas y el sabotaje de cámaras de seguridad. “No voy a permitir que entren a la fuerza. Nos han encontrado dentro y han generado una situación insostenible”, concluyó Rodríguez, reafirmando su compromiso con la defensa de su legado familiar.