MADRID/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Oct.

Una encuesta realizada por GAD3 y encargada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, revela que una veintena de centros en Canarias han sido escenario de abusos sexuales por parte de sacerdotes o religiosos. Estos abusos fueron denunciados por 487 víctimas. El informe, titulado "Una respuesta necesaria", fue encargado hace un año y medio por el Congreso de los Diputados y entregado a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

En Canarias, se identificaron 21 centros donde ocurrieron estos abusos. En La Gomera se encuentra una casa parroquial, en Santa Cruz de Tenerife se encuentra el centro y el colegio residencial de Opus Dei, y también en esta ciudad se encuentran los colegios La Salle San Ildefonso. Además, en Las Palmas de Gran Canaria se registraron casos de abusos sexuales en el colegio del Cristo, en el internado Ciudad San Juan de Dios, en el colegio Salesiano y en el Claret, así como en los colegios La Salle de la capital grancanaria y de Arucas (Gran Canaria).

En el colegio Salesiano de San Isidro de La Orotava (Tenerife), también se detectaron casos de abusos sexuales, así como en la Congregración Pureza de María de Santa Cruz de Tenerife, en el grupo scout Aguere 70 del colegio Nava La Salle de La Laguna (Tenerife) y en la parroquia Santiago Apóstol de Santa Cruz de Tenerife. Otros lugares donde se mencionan abusos sexuales son la parroquia de Casa de Aguilar de Santa María de Guía (Gran Canaria), la de San Bartolomé Apóstol de La Laguna (Tenerife), la residencia de los Hermanos de la Cruz Blanca de Puerto de la Cruz (Tenerife) y el seminario mayor de La Laguna. Además, hay cuatro puntos sin identificar, uno en Las Palmas de Gran Canaria, uno en Santa Cruz de La Palma, uno en Santa Cruz de Tenerife y otro en Lanzarote.

A nivel nacional, según el informe, el 0,6% de la población española mayor de 18 años, lo que equivale a unas 236.000 personas, ha sufrido abusos sexuales en el seno de la Iglesia por parte de sacerdotes o religiosos. Si se tiene en cuenta a los encuestados que afirman que la agresión ocurrió en el ámbito religioso, la cifra aumentaría a unas 445.000 personas, considerando la población total de España de 39.415.017 personas de 18 y más años.

El informe muestra que el 11,7% de los encuestados afirma haber sufrido abusos sexuales antes de los 18 años, lo que representa 4,6 millones de personas. De ellos, el 3,36% tuvo lugar en el ámbito familiar, lo que equivale a 1,3 millones de personas. Además, un 72% de los encuestados considera que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% lo considera bastante grave. La mayoría opina que no se están tomando las medidas adecuadas para abordar este problema.

El informe también revela que un total de 487 víctimas, de las cuales el 87% son hombres, han denunciado abusos sexuales en la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por el Defensor del Pueblo. Además de los testimonios directos, se han tenido en cuenta otras fuentes, como organismos oficiales, la Iglesia y la investigación del diario El País.

El informe titulado "Una respuesta necesaria" consta de 777 páginas y destaca que la respuesta oficial de la Iglesia católica durante mucho tiempo ha sido la negación, minimización u ocultación del problema. Además, denuncia que las víctimas han sufrido presiones por parte de representantes de la Iglesia que las culpabilizaban. Sin embargo, también reconoce algunas buenas prácticas y el coraje institucional de aquellos que han asumido la responsabilidad por la victimización.

El informe critica la falta de procedimientos adecuados por parte de los poderes públicos para prevenir, detectar y reaccionar ante los abusos sexuales en centros escolares de la Iglesia católica en el pasado. Señala que no fue hasta 2021 que se implementaron mecanismos en todos los centros educativos públicos o privados. La mayoría de los casos denunciados, aunque representan una pequeña parte del problema, no han recibido respuesta por parte del sistema judicial.

El informe hace una veintena de recomendaciones, entre ellas la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a las víctimas, la instauración de un procedimiento administrativo especial para reconocer y reparar a las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en la Iglesia católica, y la apertura de los archivos de diócesis e institutos de vida consagrada. También propone la celebración de un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado periodo de desatención e inactividad.

El Defensor del Pueblo ha pedido a los poderes públicos y a la Iglesia que asuman las medidas necesarias para abordar este problema y que eviten convertirlo en objeto de debates infecundos. Gabilondo ha expresado que es necesario dar una respuesta adecuada a una situación de sufrimiento que ha sido silenciada durante años. Por otro lado, ha aclarado que el informe no pretende ser una cifra concluyente y respeta absolutamente la voluntad de las víctimas. Además, ha destacado el impacto devastador de los abusos y la necesidad de tomar conciencia del problema.

Hasta el momento, el informe no ha sido entregado a la Iglesia Católica, pero se espera que sea discutido en una reunión extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española la próxima semana. Gabilondo no podrá asistir a la reunión debido a un asunto familiar, pero no descarta presentar el informe en otro momento.