En un importante golpe contra la contaminación y la corrupción ambiental, la Guardia Civil ha desmantelado una red de desguaces ilegales operativa en varias islas canarias, incluyendo Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Esta operación, denominada 'DILANIO', reveló una alarmante colaboración con un desguace en Madrid que estaba involucrado en la falsificación de certificados medioambientales, lo que encubría la gestión indebida de cientos de vehículos de gran tonelaje procedentes de una empresa de transporte.

Según un comunicado emitido por las autoridades, la operación ha llevado al cierre de tres instalaciones de desguace no autorizadas y a la acusación de al menos ocho individuos y tres entidades jurídicas. Estos son investigados por sus presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y la falsificación de documentos, lo que pone de manifiesto la gravedad de la situación.

A lo largo de cuatro años, se estima que más de 10.000 vehículos fueron objeto de manipulaciones ilegales, generando una cifra alarmante de emisiones equivalentes a aproximadamente 1.500 toneladas de dióxido de carbono. Esto subraya la urgente necesidad de vigilancia y control en el sector del reciclaje de automóviles.

La investigación comenzó tras la detección de una instalación no autorizada por el SEPRONA en Las Palmas, cuyo enfoque se dirigió hacia la gestión ilegal de residuos en suelos rústicos protegidos. En este lugar se encontraron 44 vehículos de gran tonelaje, tanto completos como parcialmente desguazados, que provenían de desguaces legalmente establecidos, evidenciando la existencia de acuerdos comerciales oscuros.

Curiosamente, los trámites de baja de los vehículos se formalizaban a través de estos desguaces legítimos, una táctica que permitía ocultar la verdadera naturaleza irregular de las operaciones. A medida que avanzó la investigación, la Guardia Civil descubrió que una empresa de transporte había enviado más de 240 vehículos grandes a un desguace en Madrid con la intención de darles de baja y tratarlos adecuadamente en términos medioambientales.

No obstante, el desguace en Madrid tenía otros planes, revendiendo los vehículos como chatarra. Esto no solo les generó beneficios económicos significativos, sino que también permitió que estos vehículos fueran desviados hacia otros desguaces en Las Palmas, donde se falsificaron los certificados medioambientales que deberían validar su correcta gestión.

Como resultado de esta operación contundente, se cerraron de inmediato dos desguaces clandestinos y se determinó que otro estaba en proceso de clausura. Todas estas instalaciones estaban establecidas en terrenos rústicos protegidos que sumaban más de 40.000 metros cuadrados. Esta es una prueba más de cómo las operaciones ilegales aprovechan las lagunas legales y la falta de vigilancia en zonas sensibles.

Las investigaciones del SEPRONA también han revelado que las actividades ilegalmente realizadas por esta red incluían la liberación incontrolada de gases fluorados a la atmósfera durante el desmantelamiento de los vehículos, lo que intensifica el impacto negativo sobre el medio ambiente. Este escenario resalta la urgente necesidad de una regulación más estricta y la vigilancia continua en el sector del reciclaje de vehículos.