La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha presentado una denuncia ante el renovado Comité Canario de Disciplina Deportiva (COCADE) contra la Federación Canaria de Atletismo. Esta reunión del COCADE se llevó a cabo el jueves tras un período de inactividad.

La denuncia está basada en un "amplio expediente" que ha sido conformado desde que el actual equipo de Deportes llegó al Gobierno canario, con Ángel Sabroso como viceconsejero y José Francisco Pérez y Lorena Hernández como directores generales.

Según ha informado la Consejería canaria de Deportes en una nota de prensa, el viceconsejero de Deportes, Ángel Sabroso, ha presentado ante el COCADE un escrito en el que busca revertir la situación que el atletismo canario ha sufrido durante más de un año, sin que los anteriores responsables deportivos autonómicos hayan tomado ninguna medida al respecto. Se investigará a la federación por posibles incumplimientos y por las quejas recibidas, principalmente de clubes y federaciones insulares.

Sabroso ha señalado que la actitud del presidente de la Federación Canaria de Atletismo podría ser considerada como un incumplimiento muy grave de las disposiciones estatutarias y reglamentarias. Esto se debe a que no ha convocado a la asamblea general para la aprobación y liquidación de presupuestos, ni para el debate de la moción de censura presentada contra él.

Además, el Gobierno de Canarias ha constatado que no ha habido ninguna actuación por parte de los miembros no natos de la junta de gobierno en relación a la aprobación y liquidación de presupuestos. Sin embargo, sí se ha incumplido la presentación y depósito de las cuentas anuales de la entidad correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022, así como los estatutos y reglamento electoral de la Federación Canaria de Atletismo.

Estos hechos podrían constituir faltas muy graves según la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias. Por tanto, la denuncia se dirige tanto contra el presidente como contra los directivos, incluidos los miembros no natos de la junta de gobierno, por su posible participación en estos hechos.

El Gobierno canario ha tomado esta acción después de que el 10 de octubre de 2023 requiriera a la Federación Canaria de Atletismo la entrega de diversa documentación para demostrar la corrección de sus actuaciones, pero no ha recibido respuesta alguna.

La documentación requerida incluye los libros de actas de la asamblea general para verificar la convocatoria y celebración de la Asamblea Anual Ordinaria, así como la asamblea extraordinaria, en caso de que corresponda. También se solicita la documentación relacionada con la convocatoria y celebración de la asamblea para debatir la moción de censura, así como el registro de entrada y salida de escritos y documentos de la federación.

Además, se han solicitado otros documentos, como el libro de actas de la junta de gobierno y del Comité Técnico de Entrenadores, el acuerdo para la organización del Campeonato de Canarias de Ultra Trail de 2023, el calendario de competiciones y actividades deportivas, los planes de preparación de los deportistas de alto rendimiento en atletismo en Canarias, las designaciones de jueces y las certificaciones emitidas por la Federación Canaria de Atletismo para las subvenciones públicas.

El Gobierno canario ha mencionado que la sede de la Federación Canaria de Atletismo se encuentra cerrada y que los actos propios de sus órganos de gobierno y representación se establecen mediante circulares anónimas publicadas en su página web.

La Federación Canaria de Atletismo tiene funciones públicas de carácter administrativo bajo la coordinación y tutela de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Entre estas funciones se incluye la calificación y organización de actividades y competiciones deportivas oficiales en Canarias, así como la expedición de licencias deportivas y la selección de deportistas para representar a la comunidad. También deben colaborar en el cumplimiento de la normativa autonómica en materia de formación deportiva, prevención del uso de sustancias prohibidas y ejercicio de la potestad disciplinaria.

Además, deben colaborar en el control de las subvenciones y ayudas, ejecutar las resoluciones de la Administración pública y colaborar en la organización de actividades deportivas escolares y de alto rendimiento. También deben establecer y aplicar el régimen para la elección de sus órganos de gobierno y representación.