En Santa Cruz de Tenerife, la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación ha manifestado su firme demanda para que se acelere la implementación de la reciente decisión de la Comisión Europea de abolir el umbral de 150 euros que exime de derechos de aduana a las compras online.

Victoria González, vicepresidenta de la Cámara, ha subrayado en un comunicado que esta medida representa un reconocimiento evidente de la Unión Europea hacia un problema que ha estado presente por mucho tiempo. "Europa ha comprendido que el esquema actual fomenta desigualdades y distorsiona el mercado, mientras las Islas permanecen rezagadas respecto a las iniciativas europeas”, declaró.

González también destacó que, si Bruselas avanza en esta dirección, Canarias debe seguir su ejemplo, enfatizando que no se puede permitir que el Archipiélago siga siendo un destino para la importación desregulada de productos de bajo valor, a costa de la competitividad de las empresas locales.

La vicepresidenta también expresó su preocupación al enterarse de que el nuevo reglamento de la Comisión Europea no entrará en vigor hasta 2026, recordando que la Cámara lleva años solicitando una revisión exhaustiva de esta normativa en el contexto canario. En este sentido, advirtió que mantener la exención en las Islas no solo fomenta una competencia desleal, sino que también pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas locales en un territorio que depende en gran medida del consumo interno.

González remarcó que ya habían anticipado las desventajas de esta medida cuando el Gobierno de Canarias impuso la franquicia de 150 euros para compras electrónicas. "Lo que se pensó como un apoyo ha derivado en una exención que beneficia sobre todo a las grandes plataformas digitales, perjudicando al comercio local y canario, tanto físico como online”, destacó.

Desde junio de 2022, la Cámara ha mantenido encuentros con todos los grupos políticos del Parlamento canario, y ha encontrado consenso en la eliminación de esta exención, pues "el comercio canario invierte, genera empleo y contribuye a la economía local", pero esta normativa representa un obstáculo para su desarrollo.

Además, hicieron hincapié en que en junio del mismo año se presentó una Proposición No de Ley que fue aprobada por unanimidad en la Cámara autonómica. Esta proposición instaba al Gobierno regional a salvaguardar los derechos del comercio local frente a los efectos negativos de la franquicia de bajo valor. No obstante, desde la Cámara lamentan que, hasta la fecha, no se hayan tomado acciones concretas al respecto.