Fecha: 15 de noviembre, Las Palmas de Gran Canaria.

En un fallo significativo en el contexto de la lucha contra la violencia de género, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictaminado la culpabilidad del exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas, quien actualmente forma parte de la dirección deportiva del club. La sentencia se produce tras haber sido hallado culpable de un delito de lesiones y otro de amenazas, llevados a cabo en el entorno de la violencia de género.

Los hechos se desencadenaron en la madrugada del 11 de noviembre, cuando el exfutbolista se presentó en el hogar de su pareja. Según testimonio presentado en juicio, una discusión entre ambos escaló rápidamente, desencadenando una serie de agresiones físicas. La sentencia ilustra cómo el acusado actuó con la intención de dañar la integridad física de la mujer, agrediéndola con empujones, tirones de pelo, y amenazas verbales desmesuradas que incluían violencia física, lo cual fue presenciado por la víctima, quien logró finalmente liberarse de su agresor.

No conforme con esta primera agresión, el acusado se dirigió a la cocina, donde tomó un cuchillo y se aproximó a la habitación donde dormía el hijo de su pareja, un niño de tan solo diez meses. Afortunadamente, la madre logró evitar que el agresor entrara en la habitación. Sin embargo, durante este violento episodio, el atacante levantó el cuchillo en una clara amenaza de muerte, asegurándole: "te voy a matar hija de puta, si tú me hundes la vida te mato a ti, a tu padre y a tu hijo". Este acto causó un profundo temor en la víctima ante la posibilidad de que sus amenazas pudieran volverse realidad.

La violencia sufrida por la víctima dejó secuelas físicas, incluyendo hematomas en diversas partes del cuerpo, tales como el cuello y la espalda, que requirieron atención médica inmediata. Afortunadamente, tras recibir la atención necesaria, la mujer pudo recuperarse, aunque debió enfrentar las secuelas emocionales de la agresión, que se prolongan mucho más allá de la curación física.

En consecuencia, la magistrada ha decidido imponer una pena que incluye 40 días de trabajo comunitario, así como una prohibición de 20 meses de tenencia de armas y de acercamiento a la víctima, a su hogar, lugar de trabajo y otros espacios relacionados con su vida cotidiana, en un radio de 500 metros. Esta decisión no solo busca proteger a la víctima y su hijo, sino también sentar un precedente firme en el tratamiento de la violencia de género en el ámbito deportivo y social.

Adicionalmente, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 350 euros y asumir los costos legales del proceso. Este caso resalta la importancia de no silenciar las voces que sufren a manos de la violencia de género y fortalece el compromiso de la sociedad con el principio de que estas conductas inaceptables no quedarán impunes.