La comisión detrás de la conocida Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la 'Ley de Volcanes' ha hecho un llamado urgente a los diferentes grupos parlamentarios para que aceleren su proceso de aprobación. Este reclamo adquiere especial relevancia en el contexto de La Palma, a un año del inicio de la tramitación de la normativa que busca salvaguardar los derechos de las personas afectadas por desastres volcánicos.

El movimiento, que nació del clamor de los ciudadanos que sufrieron la erupción de 2021, ha logrado reunir casi 20.000 firmas en apoyo de la ley. A pesar de este respaldo abrumador y del hecho de que el Parlamento de Canarias dio luz verde a su tramitación en junio de 2023, los promotores se sienten frustrados por la lentitud en el avance del proyecto legislativo.

El grupo de ciudadanos, que ha recorrido todas las islas para recoger apoyo, destaca que tras registrar las firmas en septiembre de 2023, no fue sino hasta el 12 de junio del año siguiente que se aprobó la tramitación de su propuesta. La ley tiene como objetivo primordial asegurar que las personas damnificadas por volcánicas tengan acceso a una recuperación justa y en un plazo razonable.

A pesar del respaldo unánime de todos los partidos en el Parlamento, la comisión promotora lamenta que el texto haya quedado atrapado en disputas políticas y una aparente falta de urgencia para su avance. Señalan que cualquier tardanza en su tramitación sería una falta de responsabilidad, considerando que las islas pueden enfrentarse nuevamente a situaciones de emergencia volcánica.

La 'Ley de Volcanes' busca además que ciertos aspectos de la legislación tengan efectos retroactivos, de modo que se adapten a las necesidades de los afectados por la erupción del Tajogaite, superando los límites de los decretos leyes actualmente vigentes en materia de recuperación residencial y agrícola.

Los ciudadanos que respaldan esta iniciativa enfatizan que las demoras en la aprobación de esta ley solo incrementan el sufrimiento psicológico de aquellos que ya han soportado una catástrofe. La legislación debería ser un baluarte de protección para quienes viven en zonas susceptibles a desastres naturales.

Entre las recomendaciones de la comisión de estudio creada en el Parlamento de Canarias sobre la catástrofe de La Palma se incluye la necesidad de introducir esta nueva legislación que asegure derechos y mejore la eficiencia del proceso de recuperación tras un volcán. Este escenario subraya la importancia de contar con un marco legal que responda adecuadamente a las necesidades de la población en momentos de crisis.

Por esta razón, la comisión promotora difunde un mensaje claro a los miembros del Parlamento y a los distintos grupos políticos: es imperativo actuar con responsabilidad, consenso y visión de futuro ante la falta de un marco jurídico que proteja a aquellos que puedan verse afectados por erupciones volcánicas en el futuro. La comunidad autónoma de Canarias necesita prepararse y aprender de las lecciones dolorosas del pasado para mitigar el impacto de futuros desastres naturales.