La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica De León (PP), ha decidido no implementar una moratoria al alquiler vacacional en medio de la próxima aprobación de la nueva ley regional. De esta manera, deja en manos de los ayuntamientos la posibilidad de suspender las declaraciones responsables, según ha afirmado en respuesta a una pregunta del Grupo Socialista.

De León explicó que, a pesar de que se haya considerado impulsar esta medida, ya no sería posible debido a que la redacción de la ley se encuentra en su etapa final y está a punto de pasar por los filtros del consejo de Cooperación Intermunicipal y Cooperación Insular, además del Consejo Consultivo.

La consejera también mencionó que los ayuntamientos tienen más seguridad jurídica al utilizar su planificación urbanística para detener la concesión de licencias. Asimismo, manifestó que el Gobierno no desea ir en contra de la voluntad de algunos municipios, en especial en las zonas rurales, donde consideran que el alquiler vacacional es beneficioso para el desarrollo económico.

Además, señaló que las islas no turísticas, como La Palma, La Gomera y El Hierro, tienen una postura diferente a las islas más visitadas, que están a favor de establecer una moratoria. De hecho, De León expresó su desacuerdo con la idea de implementar una moratoria en toda Canarias.

Por otro lado, la consejera afirmó que la nueva ley tiene como objetivo detener la proliferación del alquiler vacacional sin regulación y permitirá clasificar las viviendas, diferenciando entre las legales y las que no lo son. Confía en que esta ley será eficiente, ya que otorga un plazo de cuatro años a los municipios y cabildos para ordenar el sector.

La diputada socialista Patricia Hernández recordó que el Parlamento ha rechazado en dos ocasiones la propuesta de implementar una moratoria, tanto a nivel regional como en las islas turísticas, a pesar de la polémica generada por la nueva ley. Sin embargo, destacó que la Fecai, con presidentes de diferentes partidos políticos, ha solicitado una moratoria en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Hernández hizo hincapié en que el alquiler vacacional impacta en el acceso a la vivienda de los residentes, por lo que instó a buscar consenso en la nueva ley y a respetar los plazos de tramitación del Parlamento para garantizar su eficacia. Advertió sobre la posibilidad de que la situación se salga de control si no se toman medidas adecuadas.