En un contexto de creciente tensión en las Islas Canarias, la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha sido objeto de amenazas y ataques a su domicilio y vehículo. Este alarmante fenómeno se ha desatado tras la reciente aprobación, el 12 de noviembre, de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, una legislación que busca regular el alquiler vacacional en la región.

El vicepresidente canario, Manuel Domínguez, hizo pública esta situación en una entrevista con Radio Sintonía Fuerteventura, señalando que De León ha mostrado reticencia a que los detalles de este conflicto se divulguen. “Es un tema delicado para ella, pero es necesario que lo denuncie”, declaró Domínguez, asegurando que las autoridades están al tanto de la gravedad de la situación, que no parece ser un incidente aislado.

El vicepresidente también mencionó que las amenazas han alcanzado niveles extremos, incluyendo deseos de muerte dirigidos tanto hacia De León como al presidente regional, Fernando Clavijo. "Nos hemos enfrentado a este tipo de reacciones extremas, y todo esto ocurre debido a un egoísmo que ha prevalecido en la discusión sobre la ley”, denunció, instando a reconocer que el objetivo del Gobierno es servir a la ciudadanía y buscar un equilibrio en el vital sector turístico, que sostiene la economía del archipiélago.

El debate en el Parlamento sobre la nueva ley no ha estado exento de controversias. La norma fue rechazada por las fuerzas opositoras, incluyendo al PSOE y Vox, quienes bloquearon 24 enmiendas propuestas por los grupos que respaldan al Gobierno. A pesar de las dificultades para gestionar y explicar esta legislación, De León se mostró optimista sobre el compromiso de su partido en atender las necesidades del interés general, evitando caer en tácticas políticas.

En Canarias, un hecho relevante es que aproximadamente el 44,6% de las viviendas vacacionales pertenece a individuos particulares, mientras que más de la mitad están bajo la gestión de corporaciones o propietarios extranjeros, lo que plantea serias interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo turístico actual. La nueva ley impide la apertura de nuevas viviendas dedicadas al alquiler vacacional durante cinco años, permitiendo a los ayuntamientos establecer un marco regulatorio que sirva para proteger la calidad de vida de los residentes locales.

Con esta legislación, se establece que un 90% de las viviendas en las islas deberá ser destinado al uso residencial, reservando solo un 10% para el alquiler vacacional. Además, los ayuntamientos tendrán un plazo de seis meses para implementar planes de inspección, y las Viviendas de Protección Oficial (VPO) quedarán excluidas de ser utilizadas con fines turísticos. La ley también prohíbe los 'pseudohoteles', estructuras donde unidades enteras son dedicadas al uso vacacional por parte de grandes propietarios.

Finalmente, la norma establece que cualquier nueva edificación deberá esperar diez años antes de poder ser utilizada como vivienda turística, marcando un importante cambio en la estrategia de desarrollo urbano, orientada a garantizar el bienestar de los residentes y la sostenibilidad de la industria turística en el futuro.