La situación en torno a la inmigración irregular en Canarias ha dado un vuelco significativo, con la Fiscalía solicitando penas de entre tres y seis años de prisión para cuatro individuos que presuntamente participaron en una red delictiva. Este caso está programado para ser escuchado el próximo miércoles, 22 de octubre, en la Sección II de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Los investigados enfrentan acusaciones por violaciones a los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsificación de documentos públicos. Se les imputa haber facilitado, a cambio de dinero, el tránsito ilegal de aproximadamente 47 migrantes hacia la Península, tras haber llegado en patera a las islas canarias, así como por la obtención fraudulenta de 58 autorizaciones de residencia en España.

Según el escrito de acusación presentado por la Fiscalía Provincial de Las Palmas, se encuentra implicada una mujer de origen magrebí, así como uno de sus hijos. Otro de los hijos no ha sido procesado debido a su fuga a Marruecos. Este grupo familiar habría liderado la operación, que consistía en trasladar a migrantes y gestionar la falsificación de documentos necesarios para su estancia en el país.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, junto con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas, han revelado que esta red podría haber estado activa desde noviembre de 2021 hasta julio de 2022, facilitando el paso de estos inmigrantes irregulares desde Gran Canaria hacia la Península y otros países europeos.

La mujer acusada, que se encuentra en situación regular en España, es considerada la líder de la organización y presuntamente mantenía contactos en Marruecos para coordinar las salidas de pateras. Una vez que los inmigrantes pagaban por el servicio, la red autorizaba su recolección en centros de atención temporal o en hoteles donde estaban alojados.

Posteriormente, los migrantes eran acogidos en viviendas del área de Las Palmas y Arucas, donde recibían ropa, billetes de transporte y orientación sobre cómo simular solicitudes de asilo, instándolos a presentar motivos falsos para frustrar su deportación.

Además, se ha encontrado evidencia de que la organización facilitó la fuga de menores de centros de acogida mediante la utilización de documentos falsificados.

Por otro lado, la investigación ha vinculado a uno de los implicados, M.S.M., con un entramado paralelo que se dedicaba a la obtención fraudulentamente de residencias legales utilizando documentación manipulada, cobrando al menos 4.000 euros por persona. Junto a su cooperador, E.B.P., habría adulterado certificados de nacimiento y empadronamientos para crear la apariencia de vínculos familiares con ciudadanos españoles, permitiendo la regularización de varios inmigrantes.

M.S.M. también está acusado de facilitar la entrada a ciudadanos marroquíes y mauritanos a España, así como de ayudarles a obtener autorizaciones de residencia de forma fraudulenta, utilizando documentos manipulados que incluían certificados del registro civil y empadronamientos falsos.