En una votación decisiva, el Congreso de los Diputados ha respaldado la normativa que regula el reparto de menores migrantes no acompañados. Este jueves, el resultado fue de 179 votos a favor, mayoritariamente del PSOE y sus aliados, frente a 170 en contra, provenientes de PP y Vox, con una única abstención de UPN.

Este real decreto-ley, cuyo objetivo es proteger el interés superior de la infancia en contextos migratorios extraordinarios, surge de un acuerdo entre el Gobierno y Junts. Incluye modificaciones al artículo 35 de la Ley de Extranjería y establece pautas para la distribución de estos menores entre las comunidades autónomas.

Ángel Víctor Torres, el ministro de Política Territorial, hizo un llamado en la Cámara Baja para que todos los grupos, especialmente el PP, se unan en apoyar esta medida. Torres subrayó la necesidad de ofrecer una “respuesta de Estado” al fenómeno migratorio y preguntó qué alternativas existen si se decide rechazar el decreto.

Durante su intervención, Torres también instó a Vox a reconsiderar su postura y facilitar el apoyo a estos menores. Aunque reconoce que puede parecer una quimera, insistió en la urgencia de la cuestión y la responsabilidad política que implica.

Este paso legislativo llega después de que en julio pasado se rechazara otra propuesta similar impulsada por el PSOE y Sumar, apoyada por CC. En esa ocasión, PP, Vox y Junts bloquearon la iniciativa. Desde entonces, el Gobierno ha ido estableciendo negociaciones para abordar la situación en lugares con alta concentración de menores, como Canarias, defendiendo la nueva propuesta como superior a la anterior.

El socialista Lux Andre Diouf hizo hincapié en el odio dirigido hacia los menores no acompañados, criticando la narrativa alarmista de que alimentan ciertos partidos, especialmente Vox. Diouf destacó la necesidad de cambiar el enfoque hacia la empatía y el respeto por estos jóvenes.

La demanda del PSOE por solidaridad y cooperación en la gestión del acogimiento de estos menores fue clara. Se dirigieron a los populares, instándoles a alejarse de las actitudes racistas y reencontrar su esencia como un partido que debería defender la justicia y los derechos de todos.

Por su parte, Ana Alós del PP calificó el decreto como un “desastre administrativo” que no aborda las raíces del problema, sino que simplemente redistribuye la carga sin soluciones reales para el control de fronteras o la lucha contra las mafias que operan en el tráfico de personas.

En un giro drástico, la portavoz de Vox, Pepa Millán, rechazó completamente la medida, señalando que incrementa la llamada migratoria al tiempo que tildó a las declaraciones del ministro de hipócritas.

Vidal, de Sumar, fue directo al criticar el lenguaje deshumanizante utilizado en relación con los menores, instando a una reflexión sobre la identidad y derechos de los niños involucrados. Afirmó que los términos como MENA contribuyen a la deshumanización y el racismo.

Noemí Santana, de Podemos, denunció el doble rasero del PP al tratar a estos menores en Canarias y en otras regiones, resaltando que se trata de individuos con sueños y derechos, no solo cifras que se distribuyen.

Desde Junts, Josep Maria Cervera celebró el acuerdo entre su partido y el Gobierno, enfatizando la importancia de un enfoque solidario que priorice la defensa de los derechos humanos por encima de la política partidista.

Por otro lado, Jordi Salvador, de ERC, subrayó la “excepcionalidad” de Catalunya y solicitó que los recursos lleguen efectivamente a las comunidades que acogen a estos menores, criticando abiertamente a los diputados de Vox por su hipocresía.

La representante de CC, Cristina Valido, advirtió que la aprobación del decreto no es un favor a Canarias, sino un deber que se debe cumplir para respetar los derechos de los menores y que todos los implicados asuman su parte de responsabilidad.

Maribel Vaquero, del PNV, argumentó que los menores migrantes no deberían ser utilizados como herramientas para la estrategia política de algunos partidos, y pidió soluciones duraderas y consensuadas en lugar de parches temporales.

Finalmente, Alberto Catalán de UPN insistió en que la responsabilidad última de la política migratoria le corresponde al Gobierno central, criticando la falta de datos sobre la acogida de menores y la inacción del Ministerio correspondiente.

Jon Iñarritu, de EH Bildu, lamentó la tardanza en abordar esta cuestión humanitaria y exigió un firme compromiso del Gobierno para proteger a los menores migrantes no acompañados, especialmente aquellos en situaciones vulnerables en Canarias.