LA PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 de noviembre. En medio de la incertidumbre generada por la liquidación de la sociedad Mar Abierto S.L., cuyos hoteles Costa Taurito, Valle Taurito y Paradise Lago Taurito están en la mira, los comités de empresa han expresado su gran inquietud ante la reciente adjudicación provisional de estos establecimientos al Grupo Lopesan.

Los trabajadores destacan que la oferta presentada por Lopesan, aunque se presenta como la más alta con 85 millones de euros, en realidad es "substancialmente inferior" en términos económicos y sociales comparada con la oferta del Grupo Martinón. A través de un anuncio, los representantes laborales aclaran que la diferencia de apenas 1.000 euros esconde un impacto negativo significativo que supera los 6 millones de euros.

En su análisis, los comités señalaron que la oferta de Lopesan podría resultar perjudicial para el empleo, ya que no asegura la continuidad laboral de 15 trabajadores directos, excluyendo también a aquellos en excedencia y afectando al personal indirecto.

Asimismo, critican la negativa de Lopesan a subrogar contratos vitales, como los de Lavandería Mogán y el subarrendamiento del parque acuático Lago Taurito. Esta acción podría acarrear despidos, pérdidas económicas para proveedores locales y conflictos contractuales con turoperadores, según el informe elaborado por los trabajadores.

Señalan que la propuesta implica un impacto económico negativo de aproximadamente 6,1 millones de euros, sin contar más de 7,9 millones de euros en reservas confirmadas conectadas al funcionamiento del parque acuático. Además, subrayan la posible pérdida de derechos laborales establecidos, incluyendo el acceso al comedor para empleados, criterios de conciliación y uso de instalaciones como los aparcamientos.

En contraposición, los comités subrayan que la oferta del Grupo Martinón es más beneficiosa para la estabilidad laboral, ya que contempla la subrogación total de todos los contratos laborales, asegurando la antigüedad y los derechos adquiridos, así como la continuidad de la actividad productiva y de los servicios turísticos.

Los representantes laborales también resaltan que la oferta de Martinón fomentaría la cohesión social y fortalecería la economía local, cumpliendo con el interés público y evitando posibles indemnizaciones o gastos adicionales que repercutirían en la masa concursal o en el erario público.

Finalmente, los comités han hecho un llamado al administrador concursal y al Juzgado de lo Mercantil para que evalúen de manera imparcial las implicaciones económicas y sociales de cada propuesta. Solicitan la anulación de la adjudicación provisional, enfatizando la necesidad de priorizar la sostenibilidad de las unidades productivas y la estabilidad laboral sobre diferencias económicas mínimas.

“No podemos permitir que una diferencia simbólica de 1.000 euros se convierta en el criterio que determine el futuro de miles de trabajadores y la economía local”, afirman los representantes sindicales, quienes también manifestaron su preocupación por no haber recibido respuesta a sus comentarios previos, aunque mantienen la esperanza de que sus preocupaciones sean tomadas en cuenta de manera seria y constructiva para el bienestar de más de 300 familias que dependen de estos centros laborales.