En un llamado urgente al Gobierno central, la empresa público-privada Energía Geotérmica de Canarias (EGC) está pidiendo que se establezca una tarifa adecuada y que se extienda el plazo de ejecución de su proyecto, que vence en enero del próximo año.

Esta iniciativa, impulsada por el Cabildo de Tenerife y la empresa DISA, tiene como objetivo comenzar en otoño los sondeos para el desarrollo de la energía geotérmica en la parte sur de la isla, según se anunció durante el acto de constitución de la nueva sociedad. Estuvieron presentes figuras clave, entre ellas la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el director de DISA Renovables, Joaquín Gurriarán.

En esta sociedad, el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) posee una participación del 48%, mientras que el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) contribuye con un 1%. El resto se reparte equitativamente entre el Cabildo y DISA, con un total de inversión que alcanzará los 86 millones de euros, de los cuales 43,1 millones son fondos procedentes de ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Los primeros sondeos se realizarán en una zona que incluye los municipios de San Miguel, Arona, Granadilla y Vilaflor, garantizando que ninguna de estas actividades tenga lugar en áreas protegidas por su valor natural.

El equipo encargado de la operación estima que cada sondeo costará alrededor de diez millones de euros y requerirá más de dos meses para completar, alcanzando hasta 3.000 metros de profundidad en busca de calor y agua con temperaturas superiores a los 150ºC.

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, ha señalado que este proyecto representa un "camino incierto pero apasionante" hacia el desarrollo de una fuente de energía "limpia y estable", motivada por la fuerza geotérmica de los volcanes. Además, resaltó la importancia de la "alianza estratégica" con DISA en este proceso.

El consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, ha informado que llevan dos años realizando trabajos preliminares en una vasta área de 17.000 hectáreas, donde se han observado resultados prometedores, especialmente en la región noroeste, aunque la obtención de permisos en esa área ha sido más lenta.

"Si no encontramos recursos habremos fracasado, pero debemos intentarlo, este es el momento", subrayó, solicitando al Gobierno central que presione a la Comisión Europea para fijar el coste de la tarifa de generación eléctrica.

Martínez también destacó la generación de empleo cualificado que este proyecto podrá aportar a la isla, fomentando un "nicho de I+D+i". Afirmó que contar con DISA como socio es la mejor opción para embarcarse en esta aventura.

Respecto a la construcción de una futura central que podría costar entre 180 y 200 millones de euros, adelantó que se buscaría involucrar a pequeños inversores locales, similar a lo que se ha hecho con proyectos de energía fotovoltaica, aunque hizo hincapié en que primero debe prevalecer la calma y enfocarse en los resultados de los sondeos.

Magnús Dagur Ásbjörnsson, CEO de Reykjavik Geothermal, compartió su experiencia sobre cómo Islandia pasó de ser un país en desarrollo en los años 60 a uno de los más prósperos del mundo gracias a la energía geotérmica que les permitió liberarse de la dependencia de los combustibles fósiles. "Fue un riesgo que valió la pena", aseveró.

Ásbjörnsson también destacó que la energía geotérmica representa actualmente el 60% de la producción energética en su país, lo que ha impactado positivamente en la economía, y comentó que no hay mejor escenario que Tenerife, con su paisaje volcánico, para apostar por esta fuente de energía, describiéndolo como "una oportunidad monumental".

Si logran encontrar los recursos necesarios, pronosticó que la energía producida será "limpia y más económica", añadiendo que confía en que las autoridades reconocerán estas ventajas y establecerán una tarifa, debido a que actualmente existe un "riesgo" financiero, ya que en Europa los costes fluctúan entre 200 y 300 euros por megavatio.

Nemesio Pérez, director del área de Medio Ambiente del ITER, destacó el impulso del Cabildo a esta iniciativa tras muchos años de falta de "voluntad política". Ahora, el enfoque principal es prorrogar el plazo para ejecutar los sondeos y establecer la tarifa, describiendo ambas gestiones como "las dos piezas clave en este puzzle".

Martínez también expresó la esperanza de que los cabildos de Gran Canaria y La Palma presionen a nivel institucional, ya que sus proyectos se encuentran más retrasados y podrían verse comprometidos si no se amplían los plazos.

Joaquín Gurriarán celebró el progreso alcanzado hasta ahora, mencionando que los datos son "alentadores". Insistió en la necesidad de contar con tiempo adicional para llevar a cabo los sondeos de manera adecuada y obtener información más precisa. "Queremos trabajar con calma y no apresurarnos", agregó, asegurando que la maquinaria necesaria ya está lista para comenzar.