Colectivo Sin Identidad en Canarias exige que los niños robados sean reconocidos en la Ley de Memoria Democrática.
La Diputada del Común, Lola Padrón, ha manifestado su firme respaldo al colectivo que lucha por el reconocimiento de los derechos de las víctimas de los menores sustraídos durante la dictadura franquista. "Estamos comprometidos con hacer un seguimiento y apoyar todas las iniciativas para que se reparation el daño causado", afirmó en un reciente encuentro.
En Santa Cruz de Tenerife, Padrón se reunió con representantes de la comisión canaria del Colectivo Sin Identidad, una organización que aboga por justicia y verdad para aquellos que sufrieron la sustracción forzada de sus hijos durante el periodo oscuro del franquismo. Su principal demanda en este encuentro fue la inclusión de los menores robados en la Ley de Memoria Democrática.
El encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Diputación del Común, contó con la participación de Jorge Rodríguez Carrillo, presidente del colectivo, junto con otros miembros destacados como Candelaria González y Ramón Cazorla. Además, Neus Roig Pruñonosa, presidenta del Observatorio Nacional para las Desapariciones Forzadas de Menores, brindó su apoyo de manera virtual, según se informó en un comunicado oficial de la Diputación.
Durante la conversación, la asociación presentó su plan de acción que, si se concreta, podría sentar un precedente en el ámbito nacional. Apuntaron que tras el reconocimiento de la Ley 13/2019 en Canarias sobre los menores robados, su objetivo es incluir a estos niños en la Ley de Memoria Democrática a nivel más amplio.
El presidente del colectivo, Jorge Rodríguez, comentó que han enviado un dossier al Gobierno de Canarias solicitando que reconozcan a los niños robados como víctimas del franquismo, así como el derecho de estos a conocer su verdadera identidad. Este es solo el primer paso de un largo camino que esperan recorrer.
El colectivo ha decidido llevar su causa al Parlamento de Canarias, con la esperanza de discutir su propuesta con múltiples grupos parlamentarios y avanzar en sus reivindicaciones tras años de incesante lucha.
Además, tienen un plan alternativo para hacer eco de su causa más allá de las islas: desde el Observatorio Nacional se contempla la posibilidad de que las actuaciones contra los orfanatos y hogares de niños utilizados durante el régimen franquista sean considerados centros de víctimas de la dictadura, en el contexto de la memoria histórica.
Esta petición también se planteará en foros internacionales, siguiendo el Examen Periódico Universal de la ONU, con la intención de que el organismo supervise su cumplimiento en España.
"El verdadero reto es presentar una estrategia eficaz. Desafortunadamente, hemos sido víctimas de la inacción y la negligencia que ha rodeado este tema", destacó Rodríguez, quien es además un afectado directo por la situación de los menores desaparecidos.
La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha reafirmado su compromiso y el de las instituciones canarias para ayudar a las víctimas en su búsqueda de justicia y reconocimiento.
Por su parte, Padrón enfatizó que la impunidad sigue siendo una realidad, ya que muchos de los niños robados continúan fuera del alcance de sus familias, privados de identidad y de la capacidad de rehacer su historia. "Su derecho a conocer su origen ha sido truncado, marcando un profundo daño emocional que dura toda una vida", añadió.
Neus Roig también hizo hincapié en la necesidad de que el Estado y el Parlamento de Canarias reconozcan a estas personas como víctimas del franquismo y establezcan las ayudas necesarias para mitigar su sufrimiento.
Desde las Islas, el colectivo está trabajando para asegurar que aquellos niños que fueron tomados de sus madres no solo sean recordados por el daño que sufrieron, sino también por los otros casos de desamparo y abuso que afectaron a muchos niños que nacieron en condiciones similares.
Tras el encuentro, Padrón reveló que se están abriendo diversas vías para abordar esta situación. Una de ellas es a nivel canario, donde la inclusión en la Ley de Memoria Democrática será considerada, apoyada por la Diputación. La otra vía es a nivel nacional, donde se busca que el Gobierno de España reconozca a estos niños como víctimas.
"Nos comprometemos a realizar un seguimiento y a seguir promoviendo el respeto por los derechos de la ciudadanía, porque aunque haya pasado tiempo, esta traición a la memoria sigue siendo una herida abierta en nuestra historia", concluyó Padrón.
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