En Santa Cruz de Tenerife, la situación de los menores migrantes ha generado un intenso debate político. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, hizo un llamado urgente a la unidad de la Cámara regional para instar al Gobierno central a cumplir la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que otorga un plazo de 15 días para la transferencia de menores solicitantes de asilo.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento, Clavijo expresó su frustración por la inacción del Estado, lamentando que ha agotado todas las vías posibles de diálogo, incluso buscando el apoyo de figuras tan relevantes como el Papa Francisco. "No podemos permitir más excusas", afirmó el presidente, reiterando la apremiante necesidad de soluciones efectivas.

El presidente también destacó la grave situación que enfrenta el Gobierno canario en relación con la atención a los menores migrantes no acompañados, señalando que en su punto más crítico se llegó a contar con hasta 5.800 niños, y actualmente hay 4.554. Esta situación ha sido abordada con un enfoque de "cerrar filas", lo que permitió la modificación de la legislación sobre extranjería para facilitar la reubicación de los menores en otras comunidades.

Clavijo subrayó que la responsabilidad de la derivación de estos menores recae en el Estado. De los más de 1.100 menores que había hace siete meses, solo 199 han sido trasladados, junto a otros 60 que permanecen en el centro conocido como 'Canarias 50'. La frustración del presidente también se extiende a la ineptitud del comité interadministrativo, que ha resultado ser ineficaz a medida que el Supremo pide acción inmediata, mientras que el Gobierno central argumenta la falta de plazas disponibles.

El presidente planteó interrogantes sobre la capacidad del sistema para absorber a los menores, cuestionando si para marzo se habrán movido los 2.400 restantes, además de los que continúan llegando. Desde junio, ha habido más llegadas que salidas, y muchos menores cumplen la mayoría de edad, lo que complica aún más la situación.

Clavijo ofreció la colaboración del Gobierno canario para establecer un calendario de salidas que establezca un plan hasta marzo, advirtiendo que no es sostenible que las islas gestionen en solitario la migración proveniente de África Occidental. Esta situación podría contribuir al auge de posturas políticas extremas en la región, tal como lo ejemplifica el crecimiento de figuras como Santiago Abascal.

A pesar de no querer confrontar al Gobierno central, Clavijo dejó claro que sigue firme en su deber de defensa de los derechos de los menores migrantes. Recalcó que no se va a "callar" ante las injusticias y se comprometió a dar voz a las necesidades de su comunidad.

Desde el Grupo Mixto, Raúl Acosta enfatizó que no es aceptable que una comunidad autónoma lidie sola con la presión migratoria, y denunció que la acogida no debería depender del lugar de llegada. Además, cuestionó si la disparidad en la atención a migrantes se relaciona con el color de piel y las percepciones raciales.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, destacó el esfuerzo de Clavijo y mostró su esperanza de que se logre un acuerdo unánime que aborde la crisis migratoria mediante una estrategia solidaria. También agradeció a todos los involucrados en la resolución de esta difícil situación, pidiendo coherencia entre los grupos políticos.

Por su lado, Nicasio Galván, de Vox, hizo comentarios sarcásticos sobre el compromiso del Gobierno central para abordar la crisis, manifestando su preocupación por el asilo y sugiriendo que las comunidades deberían tener un rol activo en la tutela de los menores en sus países de origen. Criticó, además, la falta de transparencia en los gastos relacionados con la atención a menores migrantes.

Luis Campos, de NC-bc, expresó su apoyo a Clavijo pero también apuntó hacia la falta de lealtad de las comunidades gobernadas por el PP, defendiendo que el comportamiento del Gobierno central ha dejado mucho que desear. Se refirió a la intervención del Alto Tribunal como un hecho lamentable y un testimonio de la urgencia de la situación.

La portavoz del PP, Luz Reverón, criticó abiertamente al Gobierno central por su "abandonamiento" de los menores migrantes en Canarias, señalando que la atención a estos niños es una emergencia actualmente bajo un "silencio cómodo" del PSOE. Cuestionó la responsabilidad del Gobierno al no abordar el problema de manera efectiva durante los últimos siete meses.

José Miguel Barragán, del Grupo Nacionalista, sostuvo que la sentencia del Supremo deja muy poco margen a la interpretación, resaltando que Canarias no puede soportar sola la presión de un sistema diseñado para un ámbito estatal, especialmente cuando se ha alcanzado el hacinamiento.

Por último, Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Socialista, instó a un enfoque más colaborativo y menos confrontativo en el manejo de la crisis migratoria. Criticó al Gobierno canario por sus tácticas comunicativas y por el manejo de situaciones que deberían abordarse de manera más rápida y efectiva.