En un reciente intercambio en el Parlamento de Canarias, el presidente regional, Fernando Clavijo, no se contuvo al criticar al PSOE por la Ley de Vivienda, alegando que esta normativa ha contribuido a la escasez de propiedades en alquiler y al aumento de los precios, afectando así a la población española en su conjunto.

Clavijo respondió a las inquietudes planteadas por Sebastián Franquis, diputado del PSOE, acerca de las políticas implementadas para abordar la problemática de la concentración de viviendas en manos de grandes propietarios en las islas. El presidente enfatizó que la legislación nacional está en el centro de estos inconvenientes, una cuestión que ya había llevado a la atención del presidente Pedro Sánchez.

El intercambio se tornó más agudo cuando Clavijo cuestionó a Franquis sobre la falta de acciones durante su tiempo como consejero de Vivienda, preguntándole retóricamente por qué no se abordaron antes los problemas asociados con los grandes tenedores. “¿Acaso este problema surgió en los últimos dos años o era desconocido en su época de consejero?”, inquirió Clavijo, sugiriendo que una intervención drástica al estilo chavista no es el camino que Canarias debería seguir.

El presidente abogó por un enfoque que promueva el alquiler sostenible, buscando un equilibrio justo entre los intereses de propietarios e inquilinos. Como parte de esta estrategia, propuso incentivos fiscales tanto para quienes alquilan viviendas de manera sostenible como para quienes las ocupan, lo que permitiría a los inquilinos deducir parte de su alquiler.

En la misma sesión, Franquis reveló cifras alarmantes, indicando que el 14,6% de las viviendas de primera residencia en Canarias están bajo el control de grandes tenedores, totalizando más de 104.000 propiedades. Destacó además que solo cuatro individuos poseen más de 620 viviendas y que 73 sociedades controlan más de 19.000, lo que claramente está impactando negativamente en el mercado inmobiliario.

Ante esta situación, el PSOE planea presentar en el Parlamento de Canarias un proyecto de ley concebido para que estas 104.000 viviendas de grandes tenedores se integren en un fondo que potenciará la inversión en vivienda pública, buscando así contribuir a una solución más equitativa para la comunidad.