Este jueves, Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, hizo una declaración que ha resonado en el ámbito de la política migratoria. Reconoció que el protocolo destinado a la atención de menores migrantes no acompañados, inicialmente aprobado por su gobierno y posteriormente anulado por el Tribunal Constitucional, fue más que una simple normativa: fue un "golpe sobre la mesa" que propició mejoras significativas en las condiciones de recepción de estos niños.

Durante su encuentro con la prensa, Clavijo admitió que, aunque el protocolo ya había sido suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el fallo del Tribunal Constitucional “no modifica mucho la situación”. Sin embargo, destacó logros importantes, como el hecho de que los menores ahora sean identificados adecuadamente, utilizando un sistema de números de reseña, pulseras y fotografías, lo que está alineado con protocolos internacionales de protección infantil.

En una muestra de preocupación por los desafíos que enfrenta la atención a los migrantes, Clavijo también respaldó la iniciativa del Parlamento canario de construir un hospital de emergencias en El Hierro. Esta decisión surge en un contexto de inquietud ante la celebración del evento cultural 'Bajada de la Virgen de los Reyes', que regresa después de ocho años y que podría coincidir con un aumento en el flujo migratorio.

El presidente advirtió sobre la posibilidad de que la situación se torne "insostenible". Un incremento en la llegada de cayucos podría interferir en el transporte, la logística y la atención sanitaria, poniendo en riesgo los recursos de la isla durante un periodo crítico.

Clavijo expresó su frustración por la falta de una respuesta concreta del gobierno nacional y enfatizó la necesidad de diálogo y planificación conjunta con el Gobierno de España. Advirtió que, si no se resuelven estos temas, la situación durante la Bajada este año podría enfrentar serios obstáculos.

En relación a un decreto ley que prevé la distribución de 4,500 migrantes entre Canarias y Ceuta, Clavijo manifestó su intención de iniciar negociaciones con los grupos parlamentarios y el Gobierno español a finales de mes. La discusión podría llevarse a cabo bajo el marco del decreto o como una proposición de ley, dependiendo de la situación.

El presidente subrayó que no hay obstáculos para seguir adelante, ya que los criterios de reparto han sido aprobados. La única incertidumbre radica en la disponibilidad de financiamiento, cuya resolución está en espera de una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cancelada este miércoles. Se contempla la posibilidad de reprogramar el encuentro, ya sea mediante videoconferencia o de forma presencial la próxima semana.

Clavijo reiteró que esta distribución de migrantes pretende aliviar la presión que enfrenta la red de acogida en Canarias y garantizar el cumplimiento de los derechos de los menores, en un contexto donde la solidaridad y la responsabilidad son más necesarias que nunca.