Clavijo advierte sobre la "desvalorización" de la ultraperiferia en las RUP y teme reducción de conexión y competitividad
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado la preocupación por la devaluación de la ultraperiferia en la Unión Europea y los posibles efectos negativos en términos de conectividad y competitividad. Señaló que, aunque se han logrado algunas excepciones y derogaciones en la legislación de la UE, estas no son suficientes para abordar las necesidades específicas de las regiones ultraperiféricas (RUP). Clavijo solicitó una evaluación de impacto y pidió que se incluya en las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales una invitación a la Comisión para que tenga en cuenta los efectos en las RUP en todas sus propuestas legislativas.
El presidente canario reconoció el valor de la estrategia de la Comisión Europea para las RUP y agradeció el impulso de la comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira. Sin embargo, hizo hincapié en que la ultraperiferia sigue siendo un asunto pendiente en la actividad europea y demandó una mayor explicación y sensibilización por parte de las instituciones europeas.
Clavijo también habló sobre el impacto de la migración en las RUP, especialmente en Canarias. Destacó que el archipiélago ha batido récords de llegada de inmigrantes africanos, con más de 31.000 en un año. Además, señaló que hay más de 4.700 menores migrantes bajo tutela, lo que supone un coste anual de aproximadamente 75 millones de euros. Esto representa una cantidad similar al Fondo RUP asignado a Canarias para el periodo 2021-2027.
El presidente canario reconoció que la migración plantea desafíos más allá del aspecto económico, como la convivencia social y la complejidad cultural. Hizo hincapié en que Canarias y otras regiones enfrentan una presión migratoria que requiere apoyo y solidaridad por parte de la Unión Europea y del gobierno español.
Clavijo subrayó la necesidad de abordar la migración desde una perspectiva global y estructural. Propuso la implementación de vías de migración legal y circular, así como una responsabilidad compartida por parte de la Unión Europea para abordar la situación. También solicitó medidas adicionales, como la asignación específica del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) a las regiones que enfrentan la migración irregular, un protocolo efectivo para la atención de menores no acompañados y una mayor ayuda de emergencia a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.
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