En un drástico aviso sobre el futuro económico de Canarias, el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, ha expresado su inquietud respecto a la ley de condonación de deuda que se discute en las Cortes. Clavijo advierte que la implementación de esta legislación podría poner en grave peligro el Régimen Económico y Fiscal (REF), esencial para el archipiélago, revelando un panorama incierto en cuanto al manejo de recursos públicos.

Durante una sesión de control en el Parlamento, y en respuesta a interpelaciones del Grupo Mixto, Clavijo calificó esta propuesta legislativa como "ilegal y dramática" para los canarios. Hizo un llamado a la unidad y a la defensa unánime del REF, destacando la necesidad de una posición firme frente a lo que considera una clara "injusticia" que amenaza los intereses de la comunidad autónoma.

El presidente también enfatizó la necesidad de solidaridad y cohesión entre las diversas fuerzas políticas, señalando que el próximo año traerá desafíos significativos. En su discurso, rechazó la idea de condonar la deuda, argumentando que esta medida equivale a "mutualizarla", donde unos pocos se benefician a expensas de muchos, lo que podría resultar en que "algunos disfrutan mientras otros cargan con el costo".

Clavijo también recordó que los ciudadanos canarios, independientemente de las ideologías de sus gobiernos, han gestionado la deuda con rigor y sacrificando servicios públicos. La nueva normativa implicaría que el Estado asuma la deuda de ciertos territorios adinerados, lo que se traduciría en un costo adicional de más de 600 euros por habitante en Canarias.

El presidente mostró su preocupación por esta ley, señalando que podría infringir normativas legales y perjudicar a las Islas, que son la única comunidad autónoma ante la cual se establece un límite del 50% en la condonación de la deuda. Esta medida, advirtió, podría tener un impacto desproporcionado sobre los canarios, que se encuentran "triplemente perjudicados" por esta situación.

Por su parte, Raúl Acosta, representante de AHI, afirmó que aunque Canarias podría recibir un total de 3.259 millones de euros gracias a la condonación de la deuda, esta cifra no es más que un "maquillaje político". Acosta subrayó que la ley implica una "vinculación" con el REF y una amenaza a la solidaridad interterritorial, describiéndola como la "sentencia de muerte" de la equidad y un riesgo irreparable que perpetuaría la desigualdad en el Estado.

El impacto de esta legislación sobre la estructura del Estado de las autonomías se percibe como precario, con Acosta advirtiendo que se incumple el artículo dos de la Constitución. Con el horizonte normativo de la Unión Europea cargado de incertidumbres, la situación no se presenta favorable para Canarias, que enfrenta nubarrones en su futuro económico y social.