Canarias y otras comunidades exigen más recursos para asegurar la continuidad de las plazas durante el traslado de menores.
En un encuentro reciente en Madrid, Candelaria Delgado, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, expresó su satisfacción por la inminente llegada de 100 millones de euros en inversión estatal para la creación de nuevas plazas de acogida para menores migrantes. Este proceso, que se espera se concrete en aproximadamente un mes, es parte de un esfuerzo conjunto de varias comunidades autónomas, ya que Canarias, junto a sus colegas, ha solicitado que esta financiación se extienda más allá del período anual, apoyando así a los menores hasta que alcancen la mayoría de edad.
Delgado afirmó que es esencial abordar esta cuestión desde el inicio de la legislatura, destacando que todas las comunidades autónomas están unidas en la necesidad de contar con recursos adecuados para gestionar la situación de los menores migrantes. La consejera subrayó que lo prioritario es asegurar un flujo financiero que permita atender eficazmente a esta población vulnerable.
Además, se hizo hincapié en la necesidad de aumentar los recursos humanos disponibles en las Subdelegaciones del Gobierno y en la Fiscalía. La consejera reveló que, desde la emergencia migratoria de finales de agosto, más de 140 menores han llegado a Canarias, pero el traslado de estos jóvenes ha sido insatisfactorio, con solo 16 casos procesados hasta la fecha. Para remediar esta situación, el Gobierno regional ha incorporado a 15 nuevos profesionales al sistema de atención a menores migrantes.
En la Conferencia Sectorial de Infancia, Canarias también solicitó avances en la creación de un plan de acción migratorio a nivel nacional, apoyado por los máximos líderes de la comunidad autónoma y del País Vasco. El Ministerio se comprometió a elevar esta propuesta a los departamentos pertinentes, reconociendo que no es de su competencia directa actualmente.
Otro tema clave abordado durante el encuentro fue la modificación de la Ley de Seguridad Social. Delgado destacó que muchos de los más de 42,000 pensionistas no contributivos de las islas tienen responsabilidades familiares, exacerbando la cuestión de la pobreza infantil severa en Canarias. En este contexto, se planteó que las comunidades autónomas puedan complementar estas pensiones sin que afecte a los ingresos familiares reconocidos.
El Gobierno canario está considerando incluir esta ayuda en sus próximos presupuestos, que agregarían aproximadamente 400 euros anuales, evitando así que los beneficiarios se vean perjudicados en la percepción de sus pensiones.
Delgado también enfatizó que, si bien es valioso establecer un nuevo pacto de Estado contra la pobreza infantil, se debe tener en cuenta que ya existe un pacto de lucha contra la pobreza, que a pesar de ser prorrogado, solo ha destinado 30 millones de euros a las Islas, lo cual resulta insuficiente dada la gravedad de la situación.
Sobre el nuevo decreto del Gobierno central que busca reformar el sistema de acogida residencial, Delgado aseguró que el modelo canario se ajusta a las nuevas directrices sobre la cantidad de menores por recurso. Sin embargo, enfatizó que el objetivo final debe ser evitar la institucionalización de ningún menor, priorizando la preservación de la unidad familiar y la intervención preventiva.
Delgado finalizó su intervención destacando la importancia de fortalecer la red de acogimiento familiar en Canarias, argumentando que esto garantizaria que ningún niño tenga que ser ingresado en un centro de acogida. Aseguró que su administración está trabajando para potenciar esta red y solicitando a nivel estatal los recursos económicos necesarios para llevar a cabo este objetivo.
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