El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha enfatizado la urgencia de una carta que tiene como objetivo "no perder ni un minuto más" en la resolución de una crisis humanitaria que involucra a menores migrantes no acompañados en el archipiélago.

En un acto conjunto, Clavijo y el Lehendakari Imanol Pradales han dirigido un mensaje a los líderes de todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas, solicitando un acuerdo para llevar a cabo una distribución extraordinaria de estos menores, que actualmente suman alrededor de 5.600 en Canarias.

El propósito de esta medida es doble: asegurar la atención adecuada a estos niños y adolescentes y al mismo tiempo aliviar la presión sobre los recursos existentes en el archipiélago, que se enfrenta a una situación crítica en el manejo de la migración.

En su comunicado, el Gobierno de Canarias ha explicado que la carta contiene la propuesta detallada que fue presentada en la recentísima XXVII Conferencia de Presidentes, y que también ha sido enviada al Gobierno central de España.

Así, los máximos responsables de Canarias y Euskadi intentan avanzar en respuestas a la "dramática situación" que enfrentan comunidades situadas en la Frontera Sur, incluyendo no solo a Canarias y Ceuta, sino también a Euskadi en la Frontera Norte.

El texto de la misiva subraya la necesidad de "aplicar de forma efectiva la solidaridad y corresponsabilidad territorial", tal como lo estipulan las leyes vigentes en el país.

Ambas comunidades autónomas sostienen que este principio de solidaridad es tanto una obligación del Gobierno de España como de los gobiernos regionales, y que su finalidad es asegurar los derechos fundamentales y la atención a las necesidades de los menores no acompañados.

Es por ello que proponen la activación de un mecanismo extraordinario que no solo distribuya a los menores migrantes, sino que a su vez garantice su bienestar y respete sus derechos superiores, aliviando la presión que actualmente enfrentan territorios como Canarias, Ceuta y Euskadi.

Clavijo y Pradales también han manifestado que la responsabilidad última recae en el Gobierno español, el cual debe promover eficazmente una distribución equitativa de estos menores, facilitando los recursos materiales y económicos necesarios para implementar esta medida.

La propuesta incluye garantizar que los menores cuenten con acceso a un entorno seguro que responda a sus necesidades, con la exigencia de financiación a través de recursos estatales y europeos, coordinando esfuerzos con los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El acuerdo que proponen contempla un enfoque en cuatro áreas de gestión que deben aplicarse de inmediato. En primer lugar, se sugiere la elaboración de un Plan Estratégico de Migración que abarque todo, desde la planificación hasta la evaluación de resultados y el presupuesto necesario.

Dentro de este marco, se destaca la importancia de considerar a Euskadi como Frontera Norte, especialmente después del cierre de la frontera decidido por el estado francés el 1 de noviembre, lo que requiere una mayor asignación de fondos para brindar un trato digno a las personas en tránsito.

Además, tanto Canarias como Euskadi abogan por un reparto "cordinado y justo" de responsabilidades entre las comunidades autónomas, el cual debería ser respaldado por una memoria económica que soporte la distribución extraordinaria de menores no acompañados.

Por último, sugieren la implementación de un modelo de distribución basado en cinco indicadores en particular, que incluyen la población total, el número de menores acogidos en relación con la población, el PIB per cápita, las tasas de desempleo y la solidaridad demostrada en acogidas pasadas.

En consonancia con lo discutido en la Conferencia de Presidentes de diciembre, ambos gobiernos piden que esta medida extraordinaria se ponga en marcha en un plazo máximo de tres meses, utilizando la figura jurídica adecuada para facilitar su implementación.

Después de esta primera fase, proponen que la Conferencia Sectorial de Infancia reanude el debate sobre los coeficientes de distribución que se aplicarán en el futuro.

En este escenario, Fernando Clavijo ha subrayado que la carta enviada por Canarias y Euskadi tiene como principal objetivo "no perder ni un minuto más" y abrir el debate a las propuestas de los presidentes autonómicos.

Esta situación se ha vuelto aún más apremiante con el reciente aumento en el número de migrantes que llegan a las islas, sumando 2.000 personas adicionales en los últimos días, lo que eleva la cifra total de menores no acompañados bajo la tutela de la comunidad canaria a 5.812.

Clavijo ha advertido que la "situación es insostenible" y ha instado a que no se espere más tiempo para que el Gobierno español tome acciones decisivas.

La propuesta impulsada por los líderes autonómicos también aboga por establecer medidas a medio y largo plazo que contemplen "la cooperación con los países de origen", alineándose con el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 y el nuevo reglamento de extranjería.

El objetivo final es que "niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida en sus países de origen", al tiempo que se solicita la creación de canales para intercambiar información sobre proyectos en curso en los países de origen, como el programa 'Tierra Firme', liderado por el gobierno canario en Senegal.