En una reciente conferencia de prensa celebrada en Santa Cruz de Tenerife, los gobiernos de Canarias y del Estado español anunciaron la creación de un comité interadministrativo encargado de evaluar individualmente la situación de los menores migrantes que solicitan asilo en el archipiélago. Esta acción busca gestionar la distribución de estos jóvenes en un contexto de creciente preocupación por sus derechos y bienestar.

Alfonso Cabello, portavoz del Ejecutivo canario, reveló que el comité estará compuesto por ocho miembros, cuatro designados por cada gobierno. Además, se ha decidido que las sesiones del comité serán grabadas, con el objetivo de proporcionar un registro que será remitido al Tribunal Supremo para su revisión.

La primera reunión del comité se llevará a cabo este martes, marcando un paso importante, ya que el próximo viernes se vencen los plazos impuestos por el Tribunal Supremo al Estado para abordar esta situación crítica. Cabello destacó la urgencia del asunto, enfatizando la necesidad de encontrar soluciones rápidamente.

El portavoz hizo hincapié en que se garantizará un "acceso inmediato" a la red estatal para todos los menores migrantes que se encuentran en las islas, que ya suman la cifra de 1.130. Para facilitar este proceso, se requerirán únicamente "documentos esenciales", cronometrados en un plazo de tres días hábiles o cinco días naturales para su entrega.

Cabello subrayó el compromiso del gobierno de asegurar que "cada menor estará donde mejor se puedan cumplir sus derechos". Este enfoque busca evitar nuevos desarraigos de los menores que ya se encuentran en Canarias, priorizando su bienestar y estabilidad en el lugar que han comenzado a considerar su hogar.

Además, destacó que no se forzará a los menores a abandonar las islas si se determina que ya han construido una estructura comunitaria sólida y es más beneficioso para ellos permanecer allí. Para los nuevos casos que surjan, el Estado asumirá la responsabilidad compartida en la custodia de estos menores junto a la comunidad a la que sean trasladados, asumiendo igualmente los gastos asociados a su reubicación.

Cabello también quiso reconocer el esfuerzo realizado por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, quienes han estado a la vanguardia de la reforma en la ley de extranjería. Expresó su confianza en que se continúen los avances necesarios para implementar el decreto ley, señalando la falta de cumplimiento por parte del Estado respecto a los plazos para iniciar las derivaciones antes del verano. "Se nos está haciendo muy tarde", lamentó.